La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda de Sevilla, dependiente de Emvisesa y en coordinación con el área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales, ha atendido desde enero de 2020 hasta junio de 2021 (periodo afectado por las consecuencias económicas y sociales provocadas por la pandemia) a 451 personas en riesgo de perder sus viviendas. La cifra refleja que se ha mantenido la misma tendencia, sin que la crisis sanitaria haya tenido de momento un efecto directo en el aumento del número de familias que han requerido la intervención municipal. Con este balance, el organismo creado por el gobierno de la ciudad en 2016 con sede en San Jerónimo alcanza los 1.843 expedientes abiertos. Además, en estos cinco años, más de 11.000 personas han realizado algún tipo de trámite en esta oficina.
“En mayo de 2016, el gobierno de la ciudad cumplió uno de sus compromisos con la ciudadanía y dotó a Sevilla por primera vez de una oficina que coordinara y centralizara la atención a personas en riesgo de perder sus hogares. Partimos de una situación compleja, con muy escasos recursos, sin un procedimiento, con una grave crisis económica y sin instrumentos al servicio de un problema tan importante para la ciudadanía como es la vivienda. Cinco años después, los sevillanos y sevillanas cuentan con un dispositivo contrastado, que demuestra su efectividad día a día y pone a su servicio herramientas y recursos para afrontar situaciones difíciles relacionadas con el riesgo de perder su vivienda”, explica el delegado de Bienestar Social, Empleo y planes integrales, Juan Manuel Flores, quien ha presentado los datos del balance semestral de la OMDV junto al gerente de Emvisesa, Felipe Castro.
Concretamente, en el primer semestre de 2021 se han atendido a 183 familias, en el segundo semestre de 2020 se abrieron 136 expedientes y en el primer semestre la cifra fue de 132. Estos datos, en cualquier caso, no suponen incremento alguno respecto a la tendencia que se venía registrando en la OMDV. Las limitaciones de movilidad redujeron la asistencia en 2020 y en el año 2021 se ha vuelto a un balance similar a 2019. No obstante, los 451 expedientes atendidos durante la pandemia reflejan la importancia que ha tenido este dispositivo durante estos 18 meses en los que ha permanecido abierto (salvo en las primeras semanas del estado de alarma) adaptando su funcionamiento a la normativa sanitaria. De hecho se han reforzado cuestiones como la cita previa y a la gestión telefónica y telemática de los expedientes para evitar desplazamientos.
Con estos 451 expedientes, la cifra total de casos tramitados por la OMDV asciende a 1.843 desde su puesta en funcionamiento. Entre las causas más habituales figuran los desahucios inminentes, las ocupaciones ilegales, los contratos de alquiler con procedimientos de desahucio a medio plazo o las ejecuciones hipotecarias. En todos estos casos, la OMDV y los Servicios Sociales han intervenido de alguna forma y, como mínimo, si finalmente se ha producido el desalojo o desahucio han contado con una alternativa habitacional.
Del balance de la OMDV se desprende además que en 409 expedientes, lo que supone un 22% del total, se ha acreditado por parte de los Servicios Sociales la vulnerabilidad de la familia y la situación de excepcionalidad. Con esta base se ha tramitado el acceso a una vivienda de carácter social por urgencia, garantizando así una alternativa habitacional. En el resto de casos, se ofrecen ayudas o apoyo acordes con la situación económica y social de la familia.
De los 1.843 expedientes, están completamente cerrados 1384. De ellos, destaca que 161 se han resuelto con una negociación; 69 con asesoramiento y en 341 casos ha habido una falta de colaboración o de seguimiento del expediente por parte de la persona afectada. En otros casos se han concedido informes de excepcionalidad o alternativas habitacionales. Sólo en un 1% de los casos el propietario se ha negado a colaborar. Este porcentaje ha descendido durante los últimos años puesto que llegó a estar en el 7%. En cuanto a las características de los expedientes, el 78% han acabado en los juzgados por impago de rentas (331), ejecución hipotecaria (230), ocupación irregular de la vivienda (184) u ocupantes sin título legal vigente (168).
Sobre la titularidad de los inmuebles, la mayor parte de los expedientes que se tratan en la OMDV se corresponden con problemas con alquileres (677), seguido de ocupaciones ilegales (451) y de viviendas en propiedad (313). En más de la mitad de los casos (52%) los procedimientos afectan a entidades bancarias.
“La OMDV, por tanto, ha logrado cumplir su objetivo durante sus cinco años de vida, habiendo garantizado el derecho a la vivienda mediante asesoramiento y mediación. La colaboración entre Emvisesa, los Servicios Sociales municipales o el Registro de Demandantes ha permitido que en todos los casos pueda ofrecer apoyo, asistencia, mediación y una alternativa habitacional a quien ha perdido su hogar”, concluyó Juan Manuel Flores.
