Emvisesa expone sus premiados “Programas de convivencia y resolución de conflictos vecinales”

Emvisesa ha estado representada a través de su gerente, Felipe Castro, en las II Jornadas sobre “Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas” organizadas por la Asociación Ponte.

Puede descargar el archivo (II_jornadas_ponte.-modificado.pdf) haciendo clic sobre este enlace.

En estas Jornadas también han participado Iñigo Ochoa de Alda (Presidente de la FEAP), Antonio Reina, Alfonso González de Valdés, José Ángel Gutierrez, Salud Angulo, Mercedes Bandrés, José Miguel Luque, Lola Ordóñez y Mercedes Bernal (Asociación Ponte), Pilar Hidalgo Figueroa (Jefa de Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la Junta de Andalucía. Consejería de igualdad y Políticas Sociales), Mª Victoria Hidalgo García (Profesora de la Universidad de Sevilla), Lucía Jiménez (Profesora de la Universidad de Sevilla), Bárbara Lorence (Profesora de la Universidad de Huelva), Jesús Maya (Profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de la Asociación para el Estudio y apoyo a las familias ESAFAM), Reyes Casares Ordóñez (Presidenta Colegio Oficial de Psicólogos Sevilla), Juan José Jiménez Hernández (Director del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía) y Juan de Dios Jaen Moreno (Concejal de Bienestar Social de Bonares. Huelva).

La intervención de Felipe Castro ha estado centrada en los exitosos programas de convivencia y resolución de conflictos vecinales implementados por la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda.

Emvisesa es la gestora de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, conocida como OMDV. Desde su creación en junio de 2016 la OMDV ha adquirido un protagonismo inmediato, gracias a un amplio equipo de profesionales especializados en educación, trabajo social, derecho o psicología y a un presupuesto superior al millón de euros anual.

En apenas dos años la OMDV ha atendido a 10.000 personas con una problemática relacionada con la necesidad de vivienda y/o el riesgo de perder su alojamiento. En 1.000 casos, la gravedad de la situación requirió de la apertura de un expediente. Ni uno solo de esos expedientes ha terminado en desahucio sin que podamos ofrecer una alternativa habitacional, lo cual es un dato que habla por sí solo del trabajo de la OMDV.

La OMDV ha entregado 170 viviendas por la vía de la excepcionalidad a otras tantas familias en una situación límite. Hablamos de viviendas valoradas en más de 14 millones de euros que se han convertido en el hogar de unas 600 personas  a las que los Servicios Sociales Municipales, en coordinación con los técnicos de la OMDV, han valorado con riesgo grave de exclusión habitacional.

Dentro de la OMDV existe una unidad centrada en la resolución de problemas de convivencia. Tras haberlo incrementado en más de 240 durante estos tres años, Emvisesa administra hoy día un parque de 2.681 viviendas en alquiler. Alrededor de 10.000 personas deben ponerse de acuerdo en aspectos que afectan a la economía doméstica, al derecho al descanso o a la libertad individual.

Desde la puesta en marcha del Protocolo de Convivencia hemos abierto 241 expedientes relacionados con problemas de convivencia. Para un parque de 2.680 viviendas no es una cifra alarmante, pero cada expediente constituye un mundo en sí mismo para las personas afectadas.

La cantidad de expedientes que se vienen abriendo por año es bastante estable y se encuentra alrededor de los 100 anuales.

Hay un factor, como la proliferación de ocupaciones ilegales, que ha demostrado ser una de las principales causas de estos problemas de convivencia.

Emvisesa ha diseñado un Plan de Regularización y Normalización que está dando grandes resultados en las promociones que concentraban un 70% del total de ocupaciones ilegales de todo el parque público de vivienda y, no parece casualidad, de los problemas de convivencia.

En dichas promociones, los problemas de convivencia se han ido reduciendo al tiempo que Emvisesa expulsaba a los ocupas ilegales. El fenómeno de la ocupación de viviendas públicas municipales está relacionado con verdaderas mafias organizadas.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ya tuvo que desembolsar más de 200.000 euros para recuperar las condiciones de habitabilidad en Modecar, donde auténticos grupos organizados se hicieron con el control de la promoción, llegando a clausurar el garaje para dedicarlo a peleas de perros y gallos y como almacén de vehículos robados. Los enganches ilegales de suministros de agua y electricidad proliferaron al ritmo de los destrozos en la propiedad común y los problemas de convivencia. Ante tal situación muchas familias abandonaban su vivienda, que era inmediatamente ocupada por miembros del mismo grupo organizado.

Emvisesa ha puesto fin a este círculo vicioso denunciando todas las ocupaciones ilegales y a todos los inquilinos que no ocupan de manera legal y efectiva la vivienda que les ha sido adjudicada.

De esta manera Emvisesa tiene el 100% de su parque de viviendas adjudicado o dentro del proceso natural por el que unos inquilinos se marchan y otros acceden; y los procesos judiciales en marcha relacionados con ocupaciones ilegales están fallando uno tras otro a favor de la empresa municipal.

El recién estrenado Servicio de Agentes de Proximidad está demostrando ser una medida eficaz más en la resolución ágil de problemas de convivencia.
El recién estrenado Servicio de Agentes de Proximidad está demostrando ser una medida eficaz más en la resolución ágil de problemas de convivencia.

Emvisesa diseña y ejecuta medidas concretas, como el Servicio de Agentes de Proximidad, como la lucha contra la ocupación ilegal y el abandono de viviendas, y muy especialmente la Unidad de Mediación y Resolución de Conflictos de la OMDV.

El 35% de los expedientes abiertos por la Unidad se encuentran ya cerrados al haberse solucionado la causa del problema, o bien no quedar acreditados los hechos causantes de la denuncia.

Respecto a las sanciones, actualmente todos los expedientes salvo aquellos que implican actos delictivos o subarriendo, pasan directamente a mediación, tras comprobar los hechos. La unidad de Mediación intenta la resolución amistosa del conflicto. Si tras la intervención de Mediación, los causantes del conflicto no deponen su actitud es cuando se practican las sanciones oportunas.

Las sanciones pueden llegar, y de hecho así ha ocurrido en 29 casos graves, a la resolución del contrato de alquiler. La Comisión Ejecutiva y/o el Consejo de Administración de Emvisesa autorizan este tipo de procedimientos.

Existe un caso denominado de inquilinos especialmente afectados, donde Emvisesa procura el traslado inmediato a otras viviendas de su parque de alquiler. Hemos tenido 7 casos de inquilinos especialmente afectados por problemas de convivencia y 5 de ellos ya disfrutan de una vivienda alejada de la fuente del conflicto.

Cuando los causantes del conflicto son personas no inquilinas de viviendas de Emvisesa y la actuación policial o judicial se prevé a medio plazo, optamos por alejar a las víctimas del núcleo del problema.

La Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) otorgó el “Premio a la mejor actuación en el ámbito de la administración y gestión del parque social de viviendas“, correspondiente a la sexta edición de los “Premios AVS a las Mejores Prácticas en Vivienda Social, Rehabilitación y Gestión Pública de los Servicios“ al Programa de Convivencia de la OMDV, en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Arriaga de Bilbao el pasado mes de mayo.

El juzgado desaloja a la ocupante ilegal de una vivienda de Emvisesa a la que se habían ofrecido ayudas sociales y un piso de transición. La vivienda ya ha sido adjudicada a una familia víctima de un desahucio.

La Empresa Municipal de la Vivienda, Emvisesa, avanza en la aplicación de su “Plan para la normalización y regularización” de las promociones que concentran el mayor número de ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas, que incluye un trato personalizado de las familias afectadas y ayudas sociales y alternativas habitacionales de acuerdo con los criterios marcados por los Servicios Sociales.

Se trata de frenar el proceso paulatino de deterioro de determinadas promociones y los graves problemas de convivencia que se estaban generando, así como de garantizar que las viviendas se entregan de acuerdo a criterios sociales y en función de necesidades de la población y del Registro de Demandantes.

Tras iniciar la aplicación de este Plan en la promoción Modecar de Torreblanca, una de las más deterioradas y con graves problemas; Emvisesa está actuando en la promoción MC 1.2. de Sevila Este, donde se concentran un 34% de las viviendas ocupadas ilegalmente en promociones de Emvisesa.

Promoción MC 1.2 de Polígono Aeropuerto, Sevilla Este, antes de su entrega.
Promoción MC 1.2 de Polígono Aeropuerto, Sevilla Este, antes de su entrega en julio de 2011.

En todos los casos se hace un estudio personalizado a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) y de los centros de Servicios Sociales.

Así, en el día de hoy el Juzgado ha actuado en la promoción MC 1.2 de Sevilla Este en cumplimiento de una orden judicial de desalojo para la ocupante ilegal de una de las viviendas, a la que se ha solicitado en repetidas ocasiones desde marzo de 2016 que abandonara la vivienda que había ocupado de forma irregular y que aceptase las ayudas sociales que se le ofrecían, de acuerdo con su situación socio-económica.

Le ha sido ofrecida una ayuda al alquiler durante un año y un realojo transitorio en una vivienda ofertada por el Ayuntamiento. Ambas propuestas han sido rechazadas por la familia.

La vivienda desalojada ha sido inmediatamente adjudicada a una familia que cumple los requisitos.
La vivienda desalojada ha sido inmediatamente adjudicada a una familia que cumple todos los requisitos.

En el mismo momento en el que el Juzgado ha formalizado el desalojo se ha tramitado la adjudicación de la vivienda a una familia compuesta por la madre, la abuela y dos menores. La familia ha sufrido un desahucio,  se encuentra inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y cuenta con un informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales.

La vivienda ocupada ilegalmente por esta persona estaba incluida en un proceso de adjudicación convocado en junio de 2015 y regulado por la normativa del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla. A dicha convocatoria, de 60 viviendas protegidas, concurrieron un total de 631 personas inscritas en el Registro de Demandantes, a las que Emvisesa fue citando por orden para reservar vivienda. Esta persona ni siquiera estaba inscrita entonces en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. La vivienda ocupada permaneció vacía durante buena parte del anterior mandato municipal y se incluyó en la convocatoria referida en junio de 2015, no habiendo llegado a formalizarse la entrega en el momento de su ocupación ilegal.

Desde el inicio del actual mandato municipal y con la llegada de la nueva Gerencia a Emvisesa se ha reactivado la adjudicación de viviendas, que a la fecha supera las 540 viviendas adjudicadas.

Estado de la vivienda en el momento de producirse el desalojo por orden judicial.
Estado de la vivienda en el momento de producirse el desalojo por orden judicial.

Emvisesa y la OMDV han realizado un exhaustivo estudio de las circunstancias de la familia desde el día 28 de marzo de 2016, cuando una inspección de la Empresa Municipal advirtió la ocupación ilegal de la vivienda y se le han ofrecido distintas alternativas habitacionales para que procediera a salir de la vivienda y alojarse en alguna de ellas.

El Ayuntamiento de Sevilla dispone de un protocolo de actuación que permite, de manera excepcional, adjudicar una vivienda protegida al margen del Registro de Demandantes. Desde su inauguración, el pasado 31 de mayo, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha adjudicado 120 viviendas por este procedimiento. El requisito indispensable para acceder a este protocolo excepcional es contar con un certificado de vulnerabilidad por riesgo de exclusión social. A la fecha, la persona desalojada en el día de hoy no cuenta con este informe.

De hecho, la persona que ocupó ilegalmente la vivienda no ha sido víctima de ningún desahucio, sino que consta que vendió con beneficio su vivienda unifamiliar situada en la primera corona del área metropolitana de Sevilla, , en una operación fechada después de la ocupación ilegal del piso de Emvisesa, según la información que suministró de forma voluntaria. Dada esta situación socioeconómica, se han ofrecido las ayudas y se han realizado los trámites necesarios de acuerdo con su perfil y con los criterios de la Oficina Municipal de Vivienda y de los Servicios Sociales.