El juzgado desaloja a la ocupante ilegal de una vivienda de Emvisesa a la que se habían ofrecido ayudas sociales y un piso de transición. La vivienda ya ha sido adjudicada a una familia víctima de un desahucio.

La Empresa Municipal de la Vivienda, Emvisesa, avanza en la aplicación de su “Plan para la normalización y regularización” de las promociones que concentran el mayor número de ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas, que incluye un trato personalizado de las familias afectadas y ayudas sociales y alternativas habitacionales de acuerdo con los criterios marcados por los Servicios Sociales.

Se trata de frenar el proceso paulatino de deterioro de determinadas promociones y los graves problemas de convivencia que se estaban generando, así como de garantizar que las viviendas se entregan de acuerdo a criterios sociales y en función de necesidades de la población y del Registro de Demandantes.

Tras iniciar la aplicación de este Plan en la promoción Modecar de Torreblanca, una de las más deterioradas y con graves problemas; Emvisesa está actuando en la promoción MC 1.2. de Sevila Este, donde se concentran un 34% de las viviendas ocupadas ilegalmente en promociones de Emvisesa.

Promoción MC 1.2 de Polígono Aeropuerto, Sevilla Este, antes de su entrega.
Promoción MC 1.2 de Polígono Aeropuerto, Sevilla Este, antes de su entrega en julio de 2011.

En todos los casos se hace un estudio personalizado a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) y de los centros de Servicios Sociales.

Así, en el día de hoy el Juzgado ha actuado en la promoción MC 1.2 de Sevilla Este en cumplimiento de una orden judicial de desalojo para la ocupante ilegal de una de las viviendas, a la que se ha solicitado en repetidas ocasiones desde marzo de 2016 que abandonara la vivienda que había ocupado de forma irregular y que aceptase las ayudas sociales que se le ofrecían, de acuerdo con su situación socio-económica.

Le ha sido ofrecida una ayuda al alquiler durante un año y un realojo transitorio en una vivienda ofertada por el Ayuntamiento. Ambas propuestas han sido rechazadas por la familia.

La vivienda desalojada ha sido inmediatamente adjudicada a una familia que cumple los requisitos.
La vivienda desalojada ha sido inmediatamente adjudicada a una familia que cumple todos los requisitos.

En el mismo momento en el que el Juzgado ha formalizado el desalojo se ha tramitado la adjudicación de la vivienda a una familia compuesta por la madre, la abuela y dos menores. La familia ha sufrido un desahucio,  se encuentra inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y cuenta con un informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales.

La vivienda ocupada ilegalmente por esta persona estaba incluida en un proceso de adjudicación convocado en junio de 2015 y regulado por la normativa del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla. A dicha convocatoria, de 60 viviendas protegidas, concurrieron un total de 631 personas inscritas en el Registro de Demandantes, a las que Emvisesa fue citando por orden para reservar vivienda. Esta persona ni siquiera estaba inscrita entonces en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. La vivienda ocupada permaneció vacía durante buena parte del anterior mandato municipal y se incluyó en la convocatoria referida en junio de 2015, no habiendo llegado a formalizarse la entrega en el momento de su ocupación ilegal.

Desde el inicio del actual mandato municipal y con la llegada de la nueva Gerencia a Emvisesa se ha reactivado la adjudicación de viviendas, que a la fecha supera las 540 viviendas adjudicadas.

Estado de la vivienda en el momento de producirse el desalojo por orden judicial.
Estado de la vivienda en el momento de producirse el desalojo por orden judicial.

Emvisesa y la OMDV han realizado un exhaustivo estudio de las circunstancias de la familia desde el día 28 de marzo de 2016, cuando una inspección de la Empresa Municipal advirtió la ocupación ilegal de la vivienda y se le han ofrecido distintas alternativas habitacionales para que procediera a salir de la vivienda y alojarse en alguna de ellas.

El Ayuntamiento de Sevilla dispone de un protocolo de actuación que permite, de manera excepcional, adjudicar una vivienda protegida al margen del Registro de Demandantes. Desde su inauguración, el pasado 31 de mayo, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha adjudicado 120 viviendas por este procedimiento. El requisito indispensable para acceder a este protocolo excepcional es contar con un certificado de vulnerabilidad por riesgo de exclusión social. A la fecha, la persona desalojada en el día de hoy no cuenta con este informe.

De hecho, la persona que ocupó ilegalmente la vivienda no ha sido víctima de ningún desahucio, sino que consta que vendió con beneficio su vivienda unifamiliar situada en la primera corona del área metropolitana de Sevilla, , en una operación fechada después de la ocupación ilegal del piso de Emvisesa, según la información que suministró de forma voluntaria. Dada esta situación socioeconómica, se han ofrecido las ayudas y se han realizado los trámites necesarios de acuerdo con su perfil y con los criterios de la Oficina Municipal de Vivienda y de los Servicios Sociales.

Emvisesa activa el “Protocolo de Protección a Familias con Pocos Recursos”, que sustituye a la Renta Social. Quienes cumplan los requisitos pueden solicitar las ayudas en la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda.

Ya está en vigor el “Protocolo de Protección a Familias con Pocos Recursos” (PPR) , que sustituye a la Renta Social y garantiza la adecuación de los alquileres de Emvisesa a la realidad socioeconómica de cada familia.

De este modo, se asegura que las familias en extrema necesidad no abonarán en concepto de alquiler más del 5% de sus ingresos mensuales y ninguna familia o unidad de convivencia pagará más del 30% de sus ingresos en concepto de alquiler.

El Protocolo, posible gracias al Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Sevilla y Emvisesa el pasado 23 de mayo, determina el procedimiento interno de gestión de las ayudas sociales municipales en concepto de rentas de alquiler y cuotas de comunidad vecinal de viviendas y alojamientos propiedad de Emvisesa o gestionados por esta. Por ello, recomendamos la consulta de texto completo.

Para poder acceder a las ayudas contempladas en el “Protocolo de Protección a Familias con Pocos Recursos” es necesario hallarse en situación de vulnerabilidad por riesgo de exclusión social, acreditada por los Servicios Sociales Municipales y cumplir con los requisitos establecidos en dicho Protocolo, entre los que destacan:

  1. Ser inquilino de una vivienda u alojamiento titularidad de Emvisesa.
  2. Ocupar la vivienda como domicilio habitual y permanente.
  3. No encontrarse sancionado con la pérdida de derechos económicos como consecuencia de un expediente por incumplimiento de las normas de convivencia vecinal y no ocupación de las viviendas arrendadas propiedad de Emvisesa.
  4. Tener los suministros contratados legalmente.
OMDV: Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda en la avenida de San Jerónimo.
OMDV: Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda en la avenida de San Jerónimo.

Las personas que quieran acogerse a este Protocolo deben cumplimentar y presentar en las oficinas de la OMDV (OBLIGATORIO SOLICITAR CITA PREVIA) los 5 impresos que incluimos bajo estas líneas, incluyendo la documentación que en ellos se especifica:

 

Anexo 1. Formulario de Solicitud:

Puede descargar el archivo (Anexo1_ImpresoSolicitudPPR.pdf) haciendo clic sobre este enlace.


Anexo 2. Formulario de Autorización para la Tramitación:

Puede descargar el archivo (Anexo2_ImpresoAutorizacionTramitacionPPR.pdf) haciendo clic sobre este enlace.


Anexo 3. Formulario de Cesión del Derecho de Cobro:

Puede descargar el archivo (Anexo3_ImpresoCesionDerechoCobro.pdf) haciendo clic sobre este enlace.


Anexo 4. Formulario de Solicitud de Documentación a Adjuntar:

Puede descargar el archivo (Anexo4_ImpresoSolicitudDocumentacionServiciosSociales.pdf) haciendo clic sobre este enlace.


Anexo 4 BIS. Declaración Responsable de no poseer otros bienes inmuebles:

Puede descargar el archivo (Anexo4BIS_DeclaracionResponsable.pdf) haciendo clic sobre este enlace.


Texto completo del Protocolo de Protección a Familias con Pocos Recursos:

Puede descargar el archivo (PROTOCOLO-DE-PROTECCION-A-FAMILIAS-CON-POCOS-RECURSOS.pdf) haciendo clic sobre este enlace.

Emvisesa acelera el proceso de regularización y normalización de un bloque de viviendas de Torreblanca que concentra el 70% de las ocupaciones ilegales del parque público y en el que se han detectado graves problemas de convivencia y seguridad.

La Empresa Municipal de la Vivienda, Emvisesa, está llevando a cabo un plan para la normalización y regularización de una de sus promociones en Torreblanca, en la que se concentran casi el 70% de las ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas.  Los destrozos y problemas de convivencia creados por estos ocupantes ilegales propician el abandono paulatino de sus legítimos adjudicatarios, situación que acrecienta el riesgo de nuevas ocupaciones, frecuentemente llevadas a cabo por miembros de un mismo círculo familiar.

De hecho, en los últimos meses se ha realizado una inversión de más de 200.000 euros para recuperar las condiciones de habitabilidad, venciendo la resistencia que los ocupantes ilegales han puesto al normal desarrollo de las labores de rehabilitación.

También se han realizado intervenciones en coordinación con la Policía Nacional por usos irregulares de sótanos en los que se detectaron peleas de gallos y perros de presa.

Asimismo, se ha generado una mesa de trabajo en coordinación con el Distrito con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia en el bloque y en su entorno, gravemente deterioradas. En este bloque se investiga, además, si se están produciendo por parte de algunos de los ocupantes ilegales, llamamientos e incitaciones a la ocupación ilegal de pisos de Emvisesa.

El garaje era utilizado en exclusividad por ocupantes ilegales de la promoción Modecar,  enTorreblanca. Se impedía la entrada a los servicios de limpieza mediante el bloqueo de los accesos y se almacenaba basura, enseres presuntamente robados, perros peligrosos y gallos de pelea.
El garaje era utilizado en exclusividad por ocupantes ilegales de la promoción Modecar, en Torreblanca. Se impedía la entrada a los servicios de limpieza mediante el bloqueo de los accesos y se almacenaba basura, enseres presuntamente robados, perros peligrosos y gallos de pelea.

En ese contexto, en el día de hoy, una mujer ha sido desalojada por orden judicial, junto a su pareja y tres hijos, de la vivienda de Emvisesa que ocupaban ilegalmente desde febrero de 2016 en la mencionada promoción de Torreblanca, una vez que se ha constatado por parte de los Servicios Sociales que no reúne los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad.

A esta familia se le ha garantizado en todo momento una alternativa habitacional de transición, así como un año de ayudas al alquiler a través del programa de las PPC de Emvisesa. Dado su rechazo a cualquier medida, se ha articulado un procedimiento de urgencia para garantizar que, en caso de que así lo desee, esta persona sea realojada en adecuadas condiciones de forma transitoria. Por este motivo, la UMIES ha estado presente hoy durante todo el proceso.

Enganches ilegales de suministros llevados a cabo por personas sin título legal de ocupación.
Enganches ilegales de suministros llevados a cabo por personas sin título legal de ocupación.

En paralelo al desalojo,  se ha firmado el contrato con la familia que obtuvo el informe de excepcionalidad por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla en Torreblanca y que, por tanto, reunía los requisitos para una actuación de urgencia y cuyo acceso a esta misma vivienda ya estaba previsto.

Estado de los buzones antes de una inversión de 200.000 euros para devolver las condiciones de habitabilidad a Modecar por parte de Emvisesa.
Estado de los buzones antes de la intervención de Emvisesa para devolver las condiciones de habitabilidad a Modecar.

Se da la circunstancia de que el entorno de la mujer desalojada por orden judicial ha ocupado de forma ilegal en repetidas ocasiones viviendas en esa misma zona, acumulando la unidad familiar hasta seis ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de Emvisesa, además de numerosas quejas de vecinos del barrio.

Estado del acceso a los portales tras la actuación de Emvisesa.
Estado del acceso a los portales tras la actuación de Emvisesa.

De hecho, la vivienda ocupada por esta persona quedó formalmente vacía el 12 de febrero de 2016 por renuncia de su anterior adjudicatario. Este tipo de renuncias son frecuentes ante la imposibilidad de mantener a la unidad familiar en un ambiente seguro y con unas condiciones mínimas de salubridad y adecuada convivencia.

Antes de que los técnicos pudieran realizar las labores de adecuación del inmueble, éste fue ocupado de forma ilegal por las personas hoy desalojadas, impidiendo la adjudicación de la vivienda, como estaba previsto, a una de las familias con informes de excepcionalidad avalados por los Servicios Sociales.

Interior del garaje antes de la intervención de Emvisesa.
Interior del garaje antes de la intervención de Emvisesa.

En estos momentos, la mujer desalojada tiene en vigor un contrato de seis meses en el Ayuntamiento de Sevilla a través de uno de los programas extraordinarios de contratación, por lo que cuenta con ingresos. Asimismo, según consta en los informes tiene todos los suministros enganchados de forma ilegal.

Garaje tras la intervención de Emvisesa.
Garaje tras la intervención de Emvisesa.

Emvisesa, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a  la Vivienda (OMDV) y de los Servicios Sociales, ha evaluado distintas alternativas durante estos meses y ha pedido que de forma voluntaria se acepte alguna de las líneas de ayudas establecidas, acordes con la situación económica de los ocupantes ilegales. Ante su rechazo y la existencia de personas con informes de excepcionalidad pendientes de una adjudicación, se ha realizado el desalojo por orden judicial garantizando en cualquier caso alternativas para la familia.

La Junta de Gobierno aprueba un convenio para agilizar y mejorar las ayudas sociales a inquilinos y personas alojadas en viviendas de Emvisesa

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy un convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y Emvisesa que tiene como objetivo mejorar, coordinar, agilizar y reforzar el pago de las ayudas sociales a inquilinos y familias alojadas en viviendas de Emvisesa con bajos recursos. De esta forma, la gestión de estas ayudas se realizará a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento con cargo al presupuesto aprobado destinado al plan por el derecho a una vivienda digna acordado por todos los grupos políticos y siguiendo los mismos criterios de concesión que los establecidos en el Programa de Prestaciones Complementarias.

El convenio, que ha sido presentado por el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, y el gerente de Emvisesa, Felipe Castro, supone un “paso más” dentro del compromiso del gobierno en materia de vivienda recogido en el pleno extraordinario de noviembre de 2015 y en el Plan por el derecho a una vivienda digna aprobado por Emvisesa. “Es un nuevo modelo de gestión que permitirá a todo el que tenga ayudas sociales en el parque público de viviendas mantenerlas o mejorarlas y que incluso incrementará el número de beneficiarios al incorporarse condiciones que son más favorables”, explicó Juan Manuel Flores.

A partir de la aprobación de este convenio los inquilinos y las personas alojadas en viviendas de Emvisesa a través de programas sociales tendrán una vía más clara de acceso a ayudas al pago de los alquileres a través de los Servicios Sociales y con un claro respaldo presupuestario. “Habrá además nuevos beneficiarios puesto que el sistema actual de ayudas sociales, que asume Emvisesa, es más restrictivo en cuanto a los recursos económicos máximos que puede tener un hogar para acceder a la ayuda que el que tiene Bienestar Social a través del Programa de Prestaciones Complementarias”, explicó Juan Manuel Flores.

El Plan por el derecho a una vivienda digna preveía la puesta en marcha de un programa de alquiler social en Emvisesa ajustado a las rentas de los hogares. Hasta ahora esta medida se realizaba a través de la Empresa de la Vivienda, que renunciaba al cobro de una parte de los alquileres asumiendo en solitario el coste que en 2016 se sufragó a través de una ampliación de capital al final del año. Esta situación ahora se regula y se mejora con este convenio, de forma que son los Servicios Sociales quienes conceden las ayudas que se gestionan a través de Emvisesa con unos mejores criterios que permitirán acceder a más familias y ofrecerán más facilidades en la tramitación.

Para ello, de acuerdo con el presupuesto del año 2017 aprobado por el Pleno previo debate y votación de las enmiendas de los grupos políticos, se contaba con más de un millón de euros vinculados al plan municipal por el derecho a la vivienda digna que se aplicará a este nuevo modelo de gestión de las ayudas sociales. “Seguimos por tanto cumpliendo con los compromisos de este gobierno y los suscritos con otros grupos políticos para dar una respuesta adecuada a los hogares con bajas rentas de Emvisesa”, explicó Juan Manuel Flores.