El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) de Emvisesa, ha alcanzado un acuerdo con la entidad financiera titular de una vivienda privada para aplazar la orden de desalojo existente sobre una familia en situación de riesgo de exclusión social, con el objetivo de que se pueda trasladar a una vivienda del parque social municipal que se encuentra en fase de adecuación.
La familia está formada por dos adultos, un hijo mayor de edad y dos hijos menores. Los Servicios Sociales, en coordinación con la OMDV, les han estado facilitando ayuda. Ningún miembro de la unidad de convivencia tiene empleo y sólo ingresan la ayuda familiar. La familia tiene los suministros de la vivienda ocupada legalmente contratados y no han tenido problemas de convivencia comunitaria.
La OMDV les está asesorando desde marzo de 2017, año en el que recibieron una sentencia que les obligaba a desalojar una vivienda propiedad de una entidad financiera que habían ocupado sin título en el distrito Cerro Amate. La sentencia se convirtió en firme en octubre de 2018, aunque tras la mediación de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda se logró la suspensión transitoria del lanzamiento. Desde entonces, se ha estado trabajando en la búsqueda de una alternativa habitacional acorde con las posibilidades y necesidades de la familia.
Ante el señalamiento de nuevo del lanzamiento mañana miércoles 12 de junio, la OMDV ha llegado a un acuerdo con la entidad financiera propietaria de la vivienda ocupada, que ha solicitado su paralización el tiempo suficiente para dar tiempo a Emvisesa a adecuar un piso propiedad de la empresa municipal y llevar a cabo la mudanza.
La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha emitido un informe de idoneidad tras analizar en profundidad la situación socioeconómica de la familia, que abonará una renta acorde a su situación económica, denominada renta mínima exigible. Periódicamente, la OMDV, Emvisesa y los Servicios Sociales Municipales comprobarán la evolución y el cumplimiento de requisitos para ajustar la renta a las posibilidades económicas de la familia.
Emvisesa prevé que la vivienda, sobre la que la familia tiene suscrito un documento de reserva, estará lista en un plazo máximo de una semana. Se trata del tiempo necesario para adecuar la vivienda a la que la familia podrá trasladarse, evitando el desalojo y regularizando su situación.
Juan Manuel Flores y Felipe Castro revisando el Informe Semestral de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda OMDV.
Durante los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha adjudicado 229 viviendas siguiendo el procedimiento de urgencia a otras tantas familias vulnerables en riesgo de exclusión social.
La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda se ha convertido, desde su inauguración a mediados de 2016, en el punto de referencia para asesorar a unidades familiares en riesgo de perder su hogar, tras abrir 1.200 expedientes y mediar con entidades financieras y propietarios privados, evitando que se produzca un solo desahucio sin que medie una alternativa habitacional.
Juan Manuel Flores, delegado de Empleo y Bienestar Social, y Felipe Castro, gerente de Emvisesa, han ofrecido una rueda de prensa para analizar los datos registrados en este año 2017 en relación con las principales líneas de ayudas directas a hogares, como son las prestaciones para garantizar suministros de luz, gas y agua, así como las ayudas al alquiler.
Las ayudas en materia de vivienda, que se conceden a través del Programa de Prestaciones Públicas Complementarias, se han reforzado notablemente durante este ejercicio, alcanzando los 2 millones de euros en 1.430 ayudas concedidas para el pago de cuotas de vivienda. Tal incremento supone, prácticamente, el doble de las ayudas que se gestionaron en el año 2015.
Juan Manuel Flores y Felipe Castro, en un momento de la rueda de prensa ofrecida a las 11:00 de la mañana de hoy en el edificio Laredo, sito en la Plaza de San Francisco.
“Hemos conseguido configurar una estructura de apoyo a los hogares siguiendo las líneas estratégicas que se definieron en el inicio del mandato, como fueron la lucha contra la pobreza energética, el agua como derecho básico y las medidas para apoyar el ejercicio del derecho a una vivienda digna”, explicó el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores.
En esta estructura ocupa un papel fundamental laOficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV), dependiente de Emvisesa y constituida el pasado 31 de mayo de 2016 en cumplimiento de los acuerdos plenarios de noviembre de 2015.
La tramitación de expedientes relacionados con situaciones de necesidad o riesgo de pérdida de vivienda.
La atención a los casos de incumplimiento de las normas de convivencia vecinaly la no ocupación de las viviendas arrendadas propiedad de Emvisesa o gestionadas por esta, por parte de sus inquilinos legales.
7.409 demandantes manifestaron su interés por acceder a una vivienda en alquiler, mientras que 5.481 lo hicieron en compra y 8.770 en alquiler con opción a compra. Estas tres opciones no son excluyentes, pudiendo un mismo demandante manifestar su interés por diferentes regímenes de acceso a la vivienda.
Dado que la mayoría de los demandantes son jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores al IPREM (537,84 euros/mes), Emvisesa centra sus esfuerzos en incrementar el parque público en alquiler, especialmente con fines sociales. Así, el 80% de las viviendas (979) de la Estrategia de ampliación urgente del parque público de viviendas se reserva para el alquiler.
Emvisesa también responderá a la demanda de más de un 60% de los inscritos, que preferirían acceder a una vivienda protegida ya sea directamente en propiedad, o bien alquilándola en un primer momento para ejercer una opción de compra con posterioridad. 236 viviendas de la citada Estrategia se reservan para venta, lo cual también contribuirá a hacer viable la sostenibilidad de la Empresa Municipal.
Otra medida destacada para facilitar el acceso a la vivienda ha sido la reducción de la renta mensual que abonan todos los inquilinos de promociones de Emvisesa en régimen de iniciativa municipal y autonómica, al ser la más elevada de las promociones en alquiler.
También se ha llevado a cabo el cambio de régimen de 168 viviendas en venta a alquiler, más accesible para unidades familiares con bajos niveles de renta.
Está en marcha, con más de 350 solicitudes tramitadas por parte de la OMDV, el “Protocolo de Protección a Familias con Pocos Recursos”
(PPR) , que sustituye a la Renta Social y garantiza la adecuación de los alquileres de Emvisesa a la realidad socioeconómica de cada familia. De este modo, se asegura que las familias en extrema necesidad no abonarán en concepto de alquiler más del 5% de sus ingresos mensuales y ninguna familia o unidad de convivencia pagará más del 30% de sus ingresos en concepto de alquiler.
Desde el inicio de la actual legislatura municipal Emvisesa ha entregado 548 viviendas protegidas y ha abierto 50 expedientes para recuperar otras tantas viviendas municipales vacias, ya que sus inquilinos no las están habitando.
Por segundo año consecutivo, Emvisesa ha participado en la tramitación de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la comunidad autónoma de Andalucía, conocido como Plan Alquila. Durante el Plan Alquila 2016 Emvisesa tramitó un total de 520 solicitudes, de las que 367 han resultado beneficiarias de las ayudas por un importe total de 370.874 euros. En la edición 2017 del Plan Alquila hemos ayudado a tramitar más de 700 solicitudes, que podrían traducirse en medio millón de euros en ayudas al alquiler.
Respecto a las situaciones de necesidad o riesgo de pérdida de vivienda, hasta la fecha la OMDV ha tramitado 733 expedientes, de los que se han resuelto un total de 509. La mayor parte de estos expedientes se abrieron en los primeros 12 meses de funcionamiento de la OMDV, lo que constata que existía una situación de emergencia que requería de la creación de esta Oficina Municipal.
Una tercera parte de los expedientes responde a inquilinos de viviendas, particulares en su mayoría, que no pueden continuar haciendo frente al pago del alquiler.
La mitad de los casos llegan a tramitarse judicialmente, siendo las causas principales las ocupaciones irregulares, las ejecuciones hipotecarias y el impago de rentas de alquiler. La OMDV afronta estos procedimientos judiciales con diferentes técnicas que, en todos los casos, han evitado que una sola familia quede sin una alternativa ante la pérdida de su alojamiento.
En 132casos se ha aplicado la vía de la excepcionalidad. Se trata de familias que han obtenido una vivienda protegida sin tener que esperar la adjudicación por parte del Registro de Demandantes, una vez acreditado por los Servicios Sociales Municipales el riesgo de exclusión social y el peligro inminente de quedarse sin una alternativa habitacional.
Finalmente, el trabajo de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha permitido que en materia de mediación se hayan cerrado 190 expedientes relacionados con problemas de convivencia.
Felipe Castro finalizó su intervención haciendo entrega a los representantes de los medios de comunicación de un ejemplar del Informe de Actuaciones de la OMDV correspondiente al primer semestre de 2017:
Por su parte, el delegado de Bienestar Social ha destacado el incremento presupuestario y la estructura puesta en marcha en este mandato, que han permitido que se alcancen los cuatro millones de euros y que se superen las 17.000 ayudas gestionadas.
En materia de pobreza energética, el Ayuntamiento de Sevilla suscribió durante este mandato convenios con Endesa, Gas natural, Unión Fenosa e Iberdrola para garantizar que no hubiera cortes de suministros por motivos económicos a familias con informes de los Servicios Sociales y una línea directa de ayudas a los hogares. En este sentido, este año se han concedido ayudas por un importe de 990.000 euros que han permitido el abono de 3.584 recibos. Esta cifra supone un incremento superior al 300%respecto a las ayudas que se tramitaban en el año 2015 en el inicio del presente mandato.
En cuanto a las garantías de abastecimiento de agua, tal y como aprobó el Pleno, el consejo de administración de Emasesa aprobó que no habría cortes de suministro por motivos económicos. En coordinación con los servicios sociales y los distritos se generó una red de apoyo a las familias que ha permitido este año que se abonen 12.000 recibos en la ciudad por un importe de 840.000 euros. Respecto al año 2015, inicio del mandato, esto supone un incremento superior al 2.000% puesto que en aquel ejercicio sólo se abonaron 481 recibos por un importe de 37.000 euros.
