La Empresa Municipal de la Vivienda, Emvisesa, está llevando a cabo un plan para la normalización y regularización de una de sus promociones en Torreblanca, en la que se concentran casi el 70% de las ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas. Los destrozos y problemas de convivencia creados por estos ocupantes ilegales propician el abandono paulatino de sus legítimos adjudicatarios, situación que acrecienta el riesgo de nuevas ocupaciones, frecuentemente llevadas a cabo por miembros de un mismo círculo familiar.
De hecho, en los últimos meses se ha realizado una inversión de más de 200.000 euros para recuperar las condiciones de habitabilidad, venciendo la resistencia que los ocupantes ilegales han puesto al normal desarrollo de las labores de rehabilitación.
También se han realizado intervenciones en coordinación con la Policía Nacional por usos irregulares de sótanos en los que se detectaron peleas de gallos y perros de presa.
Asimismo, se ha generado una mesa de trabajo en coordinación con el Distrito con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia en el bloque y en su entorno, gravemente deterioradas. En este bloque se investiga, además, si se están produciendo por parte de algunos de los ocupantes ilegales, llamamientos e incitaciones a la ocupación ilegal de pisos de Emvisesa.
En ese contexto, en el día de hoy, una mujer ha sido desalojada por orden judicial, junto a su pareja y tres hijos, de la vivienda de Emvisesa que ocupaban ilegalmente desde febrero de 2016 en la mencionada promoción de Torreblanca, una vez que se ha constatado por parte de los Servicios Sociales que no reúne los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad.
A esta familia se le ha garantizado en todo momento una alternativa habitacional de transición, así como un año de ayudas al alquiler a través del programa de las PPC de Emvisesa. Dado su rechazo a cualquier medida, se ha articulado un procedimiento de urgencia para garantizar que, en caso de que así lo desee, esta persona sea realojada en adecuadas condiciones de forma transitoria. Por este motivo, la UMIES ha estado presente hoy durante todo el proceso.
En paralelo al desalojo, se ha firmado el contrato con la familia que obtuvo el informe de excepcionalidad por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla en Torreblanca y que, por tanto, reunía los requisitos para una actuación de urgencia y cuyo acceso a esta misma vivienda ya estaba previsto.
Se da la circunstancia de que el entorno de la mujer desalojada por orden judicial ha ocupado de forma ilegal en repetidas ocasiones viviendas en esa misma zona, acumulando la unidad familiar hasta seis ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de Emvisesa, además de numerosas quejas de vecinos del barrio.
De hecho, la vivienda ocupada por esta persona quedó formalmente vacía el 12 de febrero de 2016 por renuncia de su anterior adjudicatario. Este tipo de renuncias son frecuentes ante la imposibilidad de mantener a la unidad familiar en un ambiente seguro y con unas condiciones mínimas de salubridad y adecuada convivencia.
Antes de que los técnicos pudieran realizar las labores de adecuación del inmueble, éste fue ocupado de forma ilegal por las personas hoy desalojadas, impidiendo la adjudicación de la vivienda, como estaba previsto, a una de las familias con informes de excepcionalidad avalados por los Servicios Sociales.
En estos momentos, la mujer desalojada tiene en vigor un contrato de seis meses en el Ayuntamiento de Sevilla a través de uno de los programas extraordinarios de contratación, por lo que cuenta con ingresos. Asimismo, según consta en los informes tiene todos los suministros enganchados de forma ilegal.
Emvisesa, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) y de los Servicios Sociales, ha evaluado distintas alternativas durante estos meses y ha pedido que de forma voluntaria se acepte alguna de las líneas de ayudas establecidas, acordes con la situación económica de los ocupantes ilegales. Ante su rechazo y la existencia de personas con informes de excepcionalidad pendientes de una adjudicación, se ha realizado el desalojo por orden judicial garantizando en cualquier caso alternativas para la familia.
