El Protocolo de Convivencia de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) incorpora una serie de actuaciones de protección a inquilinos especialmente afectados por problemas de convivencia.

Dichas actuaciones se activan si se producen conductas delictivas como comportamientos contra la libertad sexual, violencia de género o cualquiera que afecte gravemente a la integridad física o psicológica de un inquilino de Emvisesa. En estos casos, la empresa municipal tramita un cambio de vivienda y reubica a los inquilinos afectados para protegerlos de las potenciales amenazas, mientras ejerce las pertinentes actuaciones contra los causantes.

Emvisesa ofrece a los afectados una vivienda en régimen de alquiler ubicada en una zona alejada de la situación conflictiva. Esta vivienda posee similares características a la original, en cuanto a su tamaño, número de habitaciones y anejos vinculados. El cambio puede ser definitivo o temporal, dependiendo de la resolución del conflicto y la voluntad de las partes.

Cuando los afectados tienen impago de rentas, Emvisesa les ofrece un fraccionamiento o aplazamiento de la deuda, facilitando la resolución del problema principal que constituye el conflicto que afecta a su integridad física o psicológica.

Este Programa de la OMDV requiere para su aplicación que las actuaciones hayan provocado daños físicos o psíquicos o supongan un peligro directo para la integridad de alguno de los miembros de la unidad familiar. Los afectados deben ser una unidad de convivencia concreta que haya presentado una denuncia ante la Policía y no una comunidad de inquilinos de manera genérica. Finalmente, dicha unidad de convivencia afectada debe comprometerse a no retirar la denuncia, a colaborar con la OMDV en las medidas que se adopten contar el agresor, a abonar las deudas que tuvieren, así como a entregar la vivienda en las condiciones que establezca Emvisesa.

La Comisión Ejecutiva de la empresa pública de la vivienda del Ayuntamiento de Sevilla es quien debe aprobar el cambio de vivienda.

Hasta la fecha la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha abierto nueve expedientes.

“Siete familias ya se encuentran en otras viviendas de zonas alejadas del conflicto y una más está pendiente de la puesta a punto de la vivienda donde va a ser reubicada. Una de las familias rechazó finalmente el cambio“, afirma la responsable de la Oficina.

“En todos los casos se han iniciado también expedientes de Protocolo de convivencia contra los causantes de los comportamientos delictivos. En el 100% de los mismos, el Consejo de Administración de Emvisesa acordó la resolución de sus contratos de alquiler y, por tanto, deberán abandonar las viviendas una vez exista sentencia judicial firme. Mientras tanto, el cambio de vivienda posibilita que los comportamientos delictivos no sigan afectando a las familias a las que se protege, a la espera de que la familia infractora abandone la vivienda“, ha declarado Felipe Castro, director gerente de Emvisesa.

La totalidad de los casos afectaba a colectivos especialmente vulnerables y llegaron a producirse agresiones físicas y/o amenazas.

Es el caso de un matrimonio del mismo sexo afectado de problemas severos de salud y discapacidad que sufría una situación de acoso por parte de una vecina  a la que la pareja denunció por un comportamiento “homofobia extrema”. Recientemente la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha calificado el problema como solucionado, tras una completa y compleja actuación de la OMDV ya que confluían numerosas circunstancias, incluyendo el impago de rentas, que han dilatado el proceso.

“El plazo medio transcurrido entre la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva de Emvisesa y el cambio efectivo a otra vivienda, no supera los tres meses. Por ello, en estos casos es muy importante denunciar ante la Policía y aportar la denuncia a la OMDV para agilizar la tramitación”, ha declarado la responsable de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda.