Felipe Castro, gerente de Emvisesa; Francisco José Guzmán Ramírez, representante de Global Guzmán Prieto S.L.U; y Jesús Palacios Rodríguez, representante de Searo Servicios Generales, S.L. han firmado los contratos para la puesta en marcha de un nuevo servicio de agentes de proximidad, que comenzará a funcionar el lunes 3 de septiembre.
Felipe Castro, gerente de Emvisesa, y Francisco Guzmán, representante de Global Guzmán Prieto.
El objetivo es mejorar el mantenimiento y conservación de las viviendas, así como la convivencia y atención social a las más de 2.600 familias, unas 7.000 personas, que residen en las promociones de alquiler que Emvisesa tiene distribuidas por toda la capital.
Los contratos suponen 11 empleos, gracias a la creación de 9 puestos de trabajo y la consolidación de otros 2. Más de la mitad de los empleos de nueva creación, concretamente 5, serán ocupados por personas con discapacidad.
Felipe Castro y Jesús Palacios, representante de SEARO, un Centro Especial de Empleo que trabaja con personas con discapacidad.
El presupuesto de licitación ha ascendido finalmente a 144.554,60 euros y la duración mínima de los contratos es de 12 meses (prorrogables otros 15 meses). Dada la dimensión del parque público la licitación se ha dividido en dos lotes de 75.709,60 euros y 68.845 euros, respectivamente. El servicio de agentes de proximidad dará cobertura a más de 2.600 viviendas en alquiler, 334 locales comerciales, 11 oficinas, 73 talleres y 1.141 plazas de garaje.
“Es una nueva medida con la que seguimos cumpliendo nuestros compromisos y reforzando las políticas sociales en materia de vivienda, así como la política de reactivación y potenciación de Emvisesa”, explicó Felipe Castro.
Se trata de una medida enmarcada en la política de reactivación y potenciación de la Empresa Municipal de la Vivienda que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Sevilla, con el fin último de responder a las personas que desean acceder a una vivienda municipal, así como ofrecer un mejor servicio a quienes ya son inquilinos de Emvisesa.
Los agentes de proximidad son profesionales con los conocimientos técnicos necesarios para la realización de reparaciones eléctricas, cambios de cerraduras, trabajos de jardinería, sellados de grietas, pintado de barandillas, puertas o paredes, fijación de elementos tales como tablones de anuncios, etc.
Llevarán a cabo una labor preventiva de conservación y mantenimiento que permita anticiparse al deterioro definitivo de elementos que exijan costosas sustituciones.
Por otro lado, los agentes de proximidad efectuarán labores de inspección técnica de las promociones propiedad de Emvisesa, tanto en las propias viviendas como en sus zonas comunes, incluyendo las instalaciones existentes en las mismas.
Del mismo modo, desarrollarán labores propias de un conserje o un sereno, como la entrega de documentación, revisiones de conservación de la promoción, contacto directo con los vecinos, etc.
Uno de los aspectos fundamentales de la labor de los agentes de proximidad será la coordinación con los inspectores de Emvisesa para detectar los posibles problemas de convivencia, ocupación ilegal de inmuebles o falta de habitabilidad que se produzcan en las promociones, convirtiéndose en interlocutores con los inquilinos.
Desde el próximo lunes 3 de septiembre el servicio estará funcionando. Las comunicaciones entre inquilinos y agentes de proximidad se realizarán a través de los administradores de fincas de las comunidades, con quienes Emvisesa ya ha contactado, con el fin de dotar al servicio de una mayor eficacia y dinamismo.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Bienestar Social y Empleo y EMVISESA, ha sacado a licitación cinco contratos para la ampliación de su red de pisos sociales en 34 viviendas antes de finales de 2016. De éstas, 14 corresponden a rehabilitaciones de pisos propiedad de la propia Empresa Municipal de la Vivienda que, debido a su mal estado, ahora no se pueden utilizar, mientras que otras 20 son de un nuevo contrato del área municipal de Servicios Sociales para un programa de atención a familias en riesgo de exclusión o vulnerabilidad social. El conjunto de la inversión es de 1,4 millones de euros y sus pliegos de contratación están marcados por las cláusulas sociales, puesto que determinarán buena parte de la valoración de las ofertas presentadas por las empresas.
El delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, y el gerente de EMVISESA, Felipe Castro, han presentado hoy los detalles de las licitaciones. “Estos contratos evidencian la reactivación de EMVISESA, remarcan el cariz social de su parque de viviendas y son ejemplos del compromiso social de este gobierno con el empleo a través de la aplicación de las cláusulas sociales”, según ha comentado el delegado.
En concreto, dentro del Plan de Empleo de EMVISESA, entre cuyas iniciativas está la rehabilitación de viviendas de su titularidad mediante convocatoria pública, se ha dado libre a una inversión de 505.210 euros para recuperar 14 viviendas con fines sociales. Se trata de un presupuesto aprobado por el Ayuntamiento para rehabilitar pisos de la Empresa Municipal y, en este caso concreto, también incluye obras para mejorar zonas comunes de promociones inmobiliarias propias de EMVISESA que van a beneficiar a 543 viviendas.
Zonas comunes de Cros-Pirotecnia.
Por un lado, tras el diagnóstico sobre su parque de viviendas realizado por EMVISESA en los últimos dos meses para detectar viviendas disponibles pero actualmente en desuso porque necesitan obras para poderlas poner a disposición con fines sociales y también mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de las comunidades de vecinos, se actuará sobre 14 viviendas deterioradas ubicadas en Pino Montano (9), Polígono Norte (1), Palmete (1), Los Pajaritos (1), Sevilla Este (1), y Torreblanca (1), así como en las zonas comunes de 218 viviendas en Cros Pirotecnia de la avenida Ramón de Carande, en las de 52 viviendas de la promoción Modecar radicada en el barrio Torreblanca, en las promociones M-105 (86 pisos), M-106 (86) y M-107 (82) en Pino Montano y en zonas comunes de viviendas en Los Carteros (19).
M-105 en Pino Montano.
En los contratos para la rehabilitación de estas viviendas y zonas comunes, el peso de las cláusulas sociales será del 55 por ciento de la puntuación total y por encima, pues, de la oferta económica que presenten las empresas. Serán tres los principales apartados de la valoración: la estabilidad de la plantilla, la incorporación para estos contratos de personas de colectivos con especiales dificultades para la inserción en el mercado de trabajo (con discapacidad, víctimas de violencia de género, parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión social) y el impacto social en la zona donde se ubiquen los proyectos. “Por supuesto, precio y plazos permanecerán pero no tendrán la mayor parte de la puntuación, al tratarse de un programa social y de empleo”, ha explicado Juan Manuel Flores.
Toda la gestión de este programa se sumará a las competencias y responsabilidades que viene asumiendo la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda (OMDV), ubicada en San Jerónimo, cuyos datos ha ofrecido Felipe Castro. Desde su apertura el 31 de mayo y hasta el día 20 de julio, se han atendido a 435 personas y se han abierto 132 expedientes. De éstos, 9 eran casos de desahucio inminente y se logró alcanzar la concesión de una vivienda social por vía de excepcionalidad, en 29 casos se ha logró mediar con los bancos para conseguir un alquiler social, en 22 casos se alcanzó un acuerdo con la propiedad para evitar el desahucio del inquilino y en 24 casos hubo una negociación con el banco para ajustar deudas o acuerdos que eviten la pérdida de vivienda. Asimismo, se han concedido 79 viviendas por vía de la excepcionalidad bajo el actual mandato municipal, 23 de ellas en los últimos dos meses.
Modecar, Torreblanca.
Por su parte, por primera vez el Ayuntamiento de Sevilla ha licitado un contrato con el objetivo de conformar una red de 20 pisos con capacidad de 5 personas cada uno para un programa de atención temporal para familias en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad por la pérdida de la vivienda, conflictos familiares o carencia de alojamiento por situaciones sobrevenidas y excepcionales, así como para personas sin hogar que sean inmigrantes. En total, por tanto, se generarán 100 plazas para este nuevo programa.
Este programa cuenta con un presupuesto de 884.262 euros, de los cuales 139.000 euros serán con cargo al presupuesto de 2016 y otros 745.342 euros, con cargo al presupuesto de 2017. Está diseñado para que familias sin recursos o personas sin hogar en situación excepcional tengan un alojamiento temporal y transitorio en una vivienda con prestaciones sociales y atención social cubierta. “Se trata, por tanto, de soluciones temporales que hasta ahora se utilizaban recurriendo a hostales o al albergue municipal y que ahora queremos empezar también a canalizar a través de esas viviendas. Es decir, vamos a buscar pisos y no sólo hostales para circunstancias sobrevenidas”, ha sostenido Flores. La empresa adjudicataria se encargará, además, de ofrecer servicios complementarios a esas familias, como acogida y alojamiento, higiene personal, manutención y atención psicosocial. Para ello, habrá de tener un psicólogo, dos trabajadores sociales, un educador social y tres técnicos superiores de integración social.
Con este servicio, la empresa será la encargada de buscar y alquilar las 20 viviendas y pondrá en marcha el programa de atención complementaria, al tiempo que va a disponer de plazas en hostales en caso de ser necesario. De esos pisos, 15 estarán a disposición de familias sin recursos y personas sin hogar y 5 serán para personas sin hogar inmigrantes. 545.882 euros del presupuesto se destinarán al programa de integración social a través de la red de 20 pisos, 240.000 serán para manutención y gastos relacionados con el programa de integración social en viviendas y 73.000, para el programa de emergencia en hostales.
Juan Manuel Flores ha querido aclarar que no son residencias permanentes ni pisos sociales con alquiler bajo, sino viviendas amuebladas para albergar a las familias de forma temporal hasta que se les encuentre una solución, al igual que ahora se hace con los hostales o el albergue municipal.
