La Empresa Municipal de la Vivienda, Emvisesa, avanza en la aplicación de su “Plan para la normalización y regularización” de las promociones que concentran el mayor número de ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas, que incluye un trato personalizado de las familias afectadas y ayudas sociales y alternativas habitacionales de acuerdo con los criterios marcados por los Servicios Sociales.
Se trata de frenar el proceso paulatino de deterioro de determinadas promociones y los graves problemas de convivencia que se estaban generando, así como de garantizar que las viviendas se entregan de acuerdo a criterios sociales y en función de necesidades de la población y del Registro de Demandantes.
Tras iniciar la aplicación de este Plan en la promoción Modecar de Torreblanca, una de las más deterioradas y con graves problemas; Emvisesa está actuando en la promoción MC 1.2. de Sevila Este, donde se concentran un 34% de las viviendas ocupadas ilegalmente en promociones de Emvisesa.
En todos los casos se hace un estudio personalizado a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) y de los centros de Servicios Sociales.
Así, en el día de hoy el Juzgado ha actuado en la promoción MC 1.2 de Sevilla Este en cumplimiento de una orden judicial de desalojo para la ocupante ilegal de una de las viviendas, a la que se ha solicitado en repetidas ocasiones desde marzo de 2016 que abandonara la vivienda que había ocupado de forma irregular y que aceptase las ayudas sociales que se le ofrecían, de acuerdo con su situación socio-económica.
Le ha sido ofrecida una ayuda al alquiler durante un año y un realojo transitorio en una vivienda ofertada por el Ayuntamiento. Ambas propuestas han sido rechazadas por la familia.
En el mismo momento en el que el Juzgado ha formalizado el desalojo se ha tramitado la adjudicación de la vivienda a una familia compuesta por la madre, la abuela y dos menores. La familia ha sufrido un desahucio, se encuentra inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y cuenta con un informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales.
La vivienda ocupada ilegalmente por esta persona estaba incluida en un proceso de adjudicación convocado en junio de 2015 y regulado por la normativa del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla. A dicha convocatoria, de 60 viviendas protegidas, concurrieron un total de 631 personas inscritas en el Registro de Demandantes, a las que Emvisesa fue citando por orden para reservar vivienda. Esta persona ni siquiera estaba inscrita entonces en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. La vivienda ocupada permaneció vacía durante buena parte del anterior mandato municipal y se incluyó en la convocatoria referida en junio de 2015, no habiendo llegado a formalizarse la entrega en el momento de su ocupación ilegal.
Desde el inicio del actual mandato municipal y con la llegada de la nueva Gerencia a Emvisesa se ha reactivado la adjudicación de viviendas, que a la fecha supera las 540 viviendas adjudicadas.
Emvisesa y la OMDV han realizado un exhaustivo estudio de las circunstancias de la familia desde el día 28 de marzo de 2016, cuando una inspección de la Empresa Municipal advirtió la ocupación ilegal de la vivienda y se le han ofrecido distintas alternativas habitacionales para que procediera a salir de la vivienda y alojarse en alguna de ellas.
El Ayuntamiento de Sevilla dispone de un protocolo de actuación que permite, de manera excepcional, adjudicar una vivienda protegida al margen del Registro de Demandantes. Desde su inauguración, el pasado 31 de mayo, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha adjudicado 120 viviendas por este procedimiento. El requisito indispensable para acceder a este protocolo excepcional es contar con un certificado de vulnerabilidad por riesgo de exclusión social. A la fecha, la persona desalojada en el día de hoy no cuenta con este informe.
De hecho, la persona que ocupó ilegalmente la vivienda no ha sido víctima de ningún desahucio, sino que consta que vendió con beneficio su vivienda unifamiliar situada en la primera corona del área metropolitana de Sevilla, , en una operación fechada después de la ocupación ilegal del piso de Emvisesa, según la información que suministró de forma voluntaria. Dada esta situación socioeconómica, se han ofrecido las ayudas y se han realizado los trámites necesarios de acuerdo con su perfil y con los criterios de la Oficina Municipal de Vivienda y de los Servicios Sociales.
