Emvisesa avanza en el plan de normalización de su promoción de viviendas de alquiler de Los Carteros con la demolición de obras ilegales y la resolución de protocolos de convivencia

La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, Emvisesa, continúa ejecutando su plan para la normalización y regularización de promociones del parque público de viviendas en alquiler, para evitar o poner fin a irregularidades y problemas de convivencia que perjudiquen a los legítimos inquilinos de las comunidades de vecinos.

En los últimos cuatro años se ha realizado una importante inversión para recuperar las condiciones de habitabilidad de diferentes promociones propiedad de Emvisesa, así como numerosas inspecciones para detectar la necesidad de actuaciones.

Las últimas actuaciones se han llevado a cabo en una de las promociones que Emvisesa posee en el barrio de Los Carteros. Sucesivas inspecciones han detectado una ocupación ilegal, así como edificaciones contrarias a la normativa urbanística en dos de las viviendas unifamiliares.

En el primero de los casos, Emvisesa ha procedido a recuperar la vivienda ilegalmente ocupada, reparar los numerosos desperfectos provocados en su interior por los ocupantes ilegales, rehabilitar el exterior y adjudicar la vivienda a una familia que cumple con los requisitos necesarios para acceder a una vivienda pública protegida. La rehabilitación ha incluido la demolición de una edificación autoconstruida adicional, ya que fue levantada incumpliendo la normativa y cualquier medida de seguridad establecidas, careciendo de permisos urbanísticos, así como de autorización por parte de Emvisesa. Se trataba de una construcción de una sola planta que ocupaba una superficie de 47,53 m2, levantada con fábrica de ladrillo, enfoscada y pintada en color blanco con cubierta plana. La parcela también contaba con una zona de cubierta adicional en el patio que suponía otros 10,85 m2.

Aspecto de la vivienda antes de proceder a la demolición de la ampliación ilegal. Los Carteros.
Aspecto de la vivienda antes de proceder a la demolición de la ampliación ilegal. Los Carteros.

“Emvisesa lleva a cabo numerosas inspecciones, tanto ordinarias como provocadas por la recepción de denuncias. Con ellas pretendemos mantener el estándar de convivencia y confort que caracteriza a la gran mayoría de nuestras promociones, así como colaborar con el cumplimiento de la normativa en diversas materias. De ese modo, nos coordinamos con Urbanismo cuando advertimos casos como estos de Los Carteros o con la Policía Nacional, cuando descubrimos casos como el uso irregular de sótanos en los que se producen peleas de gallos y perros de presa. Asimismo, hemos generado mesas de trabajo en coordinación con los diferentes Distritos Municipales, con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia en las promociones y en su entorno, para evitar su deterioro. Es vital que las viviendas públicas den servicio a familias que cumplen con los requisitos de acceso contemplados en la normativa de aplicación” ha declarado Felipe Castro, director gerente de Emvisesa.

En el segundo de los casos, Emvisesa abrió un expediente por la realización de obras ilegales de ampliación, enganche ilegal de suministros de electricidad y/o agua y deuda injustificada en los pagos de renta de alquiler de una de las viviendas unifamiliares. El inicio del procedimiento ha derivado en un acuerdo homologado judicialmente, gracias al cual se va a proceder a la demolición de las obras ilegales, a la regularización de los suministros, así como al cobro de una deuda que asciende a casi 20.000 euros.

El alcalde de Sevilla informa al Pleno sobre las medidas puestas en marcha por Emvisesa para reducir el número de ocupaciones

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, ha informado al Pleno del Ayuntamiento sobre las diferentes acciones que Emvisesa ha puesto en marcha desde junio de 2015, tanto preventivas como correctivas, para reducir el número de ocupaciones irregulares y las viviendas vacías pertenecientes al parque público municipal.

Entre junio de 2015 y diciembre de 2018, se han iniciado 61 procedimientos judiciales y se han recuperado 40 viviendas, como consecuencia de lanzamientos o bien por entrega voluntaria de las llaves por parte de los ocupantes irregulares. A día de hoy permanecen ocupadas 27 viviendas, todas ellas en proceso de recuperación tras las correspondientes denuncias de Emvisesa.

El alcalde ha puesto de manifiesto que desde octubre de 2017 existe una Comisión Especial de Seguimiento de Ocupaciones Irregulares como complemento a las cinco Mesas Sectoriales contempladas en el “Programa de mejora de la transparencia y fomento de la participación ciudadana”.

La empresa municipal viene activando, siempre que es necesario, procesos de regularización y normalización en las promociones que concentran el mayor número de ocupaciones irregulares, problemas de convivencia y seguridad, mediante la creación de mesas de trabajo en coordinación con los Distritos Municipales implicados. En el marco de dicha colaboración, se han realizado diferentes intervenciones en coordinación con la Policía por usos irregulares de sótanos en los que se detectaron actividades ilegales.

Servicio de Agentes de Proximidad.

Asimismo, el regidor ha recordado que Emvisesa creó en septiembre de 2018, y ha reforzado el pasado mes de septiembre, el Servicio de Agentes de Proximidad. Uno de los aspectos fundamentales de la labor de los agentes de proximidad es la coordinación con los inspectores de Emvisesa para detectar los casos de ocupación irregular de inmuebles. Durante el primer año de servicio, los agentes de proximidad han realizado más de 4.300 visitas para evaluar el estado de 34 diferentes promociones de alquiler de Emvisesa. Respecto a las actuaciones en viviendas, se han llevado a cabo 181 inspecciones y 114 tareas de mediación en conflictos de convivencia vecinal.

En el marco de las medidas preventivas que Emvisesa lleva a cabo desde junio de 2015 para evitar ocupaciones de viviendas públicas, destaca la adjudicación del 100% de las viviendas disponibles en el parque municipal.

No obstante, en aquellas viviendas en proceso de entrega por hallarse en fase de inspección o reparación, Emvisesa instala puertas y ventanas antivandálicas, así como alarmas detectoras de presencia conectadas a una Central de Alarmas. En 25 casos, estas medidas han disuadido otras tantas tentativas de usurpación, produciéndose daños materiales, pero no la entrada en la vivienda ni su ocupación.  Emvisesa dispone de un servicio de vigilancia y asistencia “24 horas”, perteneciente a dicha Central de Alarmas, que permite desplazar personal especializado a cualquier vivienda cuando una alarma detecta un posible asalto. Este personal ha recuperado la posesión de 6 viviendas mediante negociación con los asaltantes.

Garaje utilizado como vertedero por ocupantes ilegales de una promoción de VPO.

Desde el año 2015 se han iniciado acciones judiciales penales o civiles, según el caso, para la recuperación de todas las viviendas irregularmente ocupadas del parque público de Emvisesa. Todas y cada una de las ocupaciones verificadas por los técnicos de Emvisesa han sido denunciadas ante el Cuerpo Nacional de Policía.

Entre 2015 y el 31 de diciembre de 2018, se han iniciado 61 procedimientos judiciales y se han recuperado 40 viviendas, como consecuencia de lanzamientos o bien por entrega voluntaria de las llaves por parte de los ocupantes irregulares.

A día de hoy permanecen ocupadas 27 viviendas, todas ellas en proceso judicial tras la correspondiente denuncia de Emvisesa, que se encuentran en la siguiente situación:

  • 7 viviendas se encuentran en proceso de apelación, tras haberse dictado sentencia condenatoria a los ocupantes por parte de los Juzgados de Instrucción competentes.
  • 1 vivienda será entregada próximamente de modo voluntario, tras sentencia en procedimiento penal a favor de Emvisesa.
  • 13 viviendas se encuentran a la espera de lanzamiento, ya con sentencias condenatorias para los ocupantes.
  • Como consecuencia de la última reforma llevada a cabo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se introducía la posibilidad de realizar desahucios en el supuesto de viviendas públicas ocupadas ilegalmente, se han iniciado 6 procedimientos civiles de ocupaciones ilegales de vivienda por esta vía.

Asimismo, se ha puesto en conocimiento del Pleno que Emvisesa no se limita a recuperar las viviendas irregularmente ocupadas, sino que comprueba, a través de los Servicios Sociales Municipales y en coordinación con la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (creada en 2016) y la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES), si los ocupantes reúnen los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad. De este modo, se garantiza en todo momento que las familias disponen de una alternativa habitacional de transición y, en su caso, de ayudas al alquiler a través del programa de PPC del Ayuntamiento de Sevilla. Sólo los inquilinos de Emvisesa han recibido 1.700.000 euros en ayudas al alquiler PPC, desde la creación de este Programa en 2017.

El Pleno está formado por el Alcalde y los Concejales. Es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el Gobierno Municipal. Entre sus funciones se encuentran el control y la fiscalización de los Órganos de Gobierno, la votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza, la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal, la aprobación de los presupuestos, la división del municipio en distritos y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos.

Emvisesa expone sus premiados “Programas de convivencia y resolución de conflictos vecinales”

Emvisesa ha estado representada a través de su gerente, Felipe Castro, en las II Jornadas sobre “Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas” organizadas por la Asociación Ponte.

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En estas Jornadas también han participado Iñigo Ochoa de Alda (Presidente de la FEAP), Antonio Reina, Alfonso González de Valdés, José Ángel Gutierrez, Salud Angulo, Mercedes Bandrés, José Miguel Luque, Lola Ordóñez y Mercedes Bernal (Asociación Ponte), Pilar Hidalgo Figueroa (Jefa de Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la Junta de Andalucía. Consejería de igualdad y Políticas Sociales), Mª Victoria Hidalgo García (Profesora de la Universidad de Sevilla), Lucía Jiménez (Profesora de la Universidad de Sevilla), Bárbara Lorence (Profesora de la Universidad de Huelva), Jesús Maya (Profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de la Asociación para el Estudio y apoyo a las familias ESAFAM), Reyes Casares Ordóñez (Presidenta Colegio Oficial de Psicólogos Sevilla), Juan José Jiménez Hernández (Director del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía) y Juan de Dios Jaen Moreno (Concejal de Bienestar Social de Bonares. Huelva).

La intervención de Felipe Castro ha estado centrada en los exitosos programas de convivencia y resolución de conflictos vecinales implementados por la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda.

Emvisesa es la gestora de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, conocida como OMDV. Desde su creación en junio de 2016 la OMDV ha adquirido un protagonismo inmediato, gracias a un amplio equipo de profesionales especializados en educación, trabajo social, derecho o psicología y a un presupuesto superior al millón de euros anual.

En apenas dos años la OMDV ha atendido a 10.000 personas con una problemática relacionada con la necesidad de vivienda y/o el riesgo de perder su alojamiento. En 1.000 casos, la gravedad de la situación requirió de la apertura de un expediente. Ni uno solo de esos expedientes ha terminado en desahucio sin que podamos ofrecer una alternativa habitacional, lo cual es un dato que habla por sí solo del trabajo de la OMDV.

La OMDV ha entregado 170 viviendas por la vía de la excepcionalidad a otras tantas familias en una situación límite. Hablamos de viviendas valoradas en más de 14 millones de euros que se han convertido en el hogar de unas 600 personas  a las que los Servicios Sociales Municipales, en coordinación con los técnicos de la OMDV, han valorado con riesgo grave de exclusión habitacional.

Dentro de la OMDV existe una unidad centrada en la resolución de problemas de convivencia. Tras haberlo incrementado en más de 240 durante estos tres años, Emvisesa administra hoy día un parque de 2.681 viviendas en alquiler. Alrededor de 10.000 personas deben ponerse de acuerdo en aspectos que afectan a la economía doméstica, al derecho al descanso o a la libertad individual.

Desde la puesta en marcha del Protocolo de Convivencia hemos abierto 241 expedientes relacionados con problemas de convivencia. Para un parque de 2.680 viviendas no es una cifra alarmante, pero cada expediente constituye un mundo en sí mismo para las personas afectadas.

La cantidad de expedientes que se vienen abriendo por año es bastante estable y se encuentra alrededor de los 100 anuales.

Hay un factor, como la proliferación de ocupaciones ilegales, que ha demostrado ser una de las principales causas de estos problemas de convivencia.

Emvisesa ha diseñado un Plan de Regularización y Normalización que está dando grandes resultados en las promociones que concentraban un 70% del total de ocupaciones ilegales de todo el parque público de vivienda y, no parece casualidad, de los problemas de convivencia.

En dichas promociones, los problemas de convivencia se han ido reduciendo al tiempo que Emvisesa expulsaba a los ocupas ilegales. El fenómeno de la ocupación de viviendas públicas municipales está relacionado con verdaderas mafias organizadas.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ya tuvo que desembolsar más de 200.000 euros para recuperar las condiciones de habitabilidad en Modecar, donde auténticos grupos organizados se hicieron con el control de la promoción, llegando a clausurar el garaje para dedicarlo a peleas de perros y gallos y como almacén de vehículos robados. Los enganches ilegales de suministros de agua y electricidad proliferaron al ritmo de los destrozos en la propiedad común y los problemas de convivencia. Ante tal situación muchas familias abandonaban su vivienda, que era inmediatamente ocupada por miembros del mismo grupo organizado.

Emvisesa ha puesto fin a este círculo vicioso denunciando todas las ocupaciones ilegales y a todos los inquilinos que no ocupan de manera legal y efectiva la vivienda que les ha sido adjudicada.

De esta manera Emvisesa tiene el 100% de su parque de viviendas adjudicado o dentro del proceso natural por el que unos inquilinos se marchan y otros acceden; y los procesos judiciales en marcha relacionados con ocupaciones ilegales están fallando uno tras otro a favor de la empresa municipal.

El recién estrenado Servicio de Agentes de Proximidad está demostrando ser una medida eficaz más en la resolución ágil de problemas de convivencia.
El recién estrenado Servicio de Agentes de Proximidad está demostrando ser una medida eficaz más en la resolución ágil de problemas de convivencia.

Emvisesa diseña y ejecuta medidas concretas, como el Servicio de Agentes de Proximidad, como la lucha contra la ocupación ilegal y el abandono de viviendas, y muy especialmente la Unidad de Mediación y Resolución de Conflictos de la OMDV.

El 35% de los expedientes abiertos por la Unidad se encuentran ya cerrados al haberse solucionado la causa del problema, o bien no quedar acreditados los hechos causantes de la denuncia.

Respecto a las sanciones, actualmente todos los expedientes salvo aquellos que implican actos delictivos o subarriendo, pasan directamente a mediación, tras comprobar los hechos. La unidad de Mediación intenta la resolución amistosa del conflicto. Si tras la intervención de Mediación, los causantes del conflicto no deponen su actitud es cuando se practican las sanciones oportunas.

Las sanciones pueden llegar, y de hecho así ha ocurrido en 29 casos graves, a la resolución del contrato de alquiler. La Comisión Ejecutiva y/o el Consejo de Administración de Emvisesa autorizan este tipo de procedimientos.

Existe un caso denominado de inquilinos especialmente afectados, donde Emvisesa procura el traslado inmediato a otras viviendas de su parque de alquiler. Hemos tenido 7 casos de inquilinos especialmente afectados por problemas de convivencia y 5 de ellos ya disfrutan de una vivienda alejada de la fuente del conflicto.

Cuando los causantes del conflicto son personas no inquilinas de viviendas de Emvisesa y la actuación policial o judicial se prevé a medio plazo, optamos por alejar a las víctimas del núcleo del problema.

La Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) otorgó el “Premio a la mejor actuación en el ámbito de la administración y gestión del parque social de viviendas“, correspondiente a la sexta edición de los “Premios AVS a las Mejores Prácticas en Vivienda Social, Rehabilitación y Gestión Pública de los Servicios“ al Programa de Convivencia de la OMDV, en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Arriaga de Bilbao el pasado mes de mayo.

El juzgado desaloja a la ocupante ilegal de una vivienda de Emvisesa a la que se habían ofrecido ayudas sociales y un piso de transición. La vivienda ya ha sido adjudicada a una familia víctima de un desahucio.

La Empresa Municipal de la Vivienda, Emvisesa, avanza en la aplicación de su “Plan para la normalización y regularización” de las promociones que concentran el mayor número de ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas, que incluye un trato personalizado de las familias afectadas y ayudas sociales y alternativas habitacionales de acuerdo con los criterios marcados por los Servicios Sociales.

Se trata de frenar el proceso paulatino de deterioro de determinadas promociones y los graves problemas de convivencia que se estaban generando, así como de garantizar que las viviendas se entregan de acuerdo a criterios sociales y en función de necesidades de la población y del Registro de Demandantes.

Tras iniciar la aplicación de este Plan en la promoción Modecar de Torreblanca, una de las más deterioradas y con graves problemas; Emvisesa está actuando en la promoción MC 1.2. de Sevila Este, donde se concentran un 34% de las viviendas ocupadas ilegalmente en promociones de Emvisesa.

Promoción MC 1.2 de Polígono Aeropuerto, Sevilla Este, antes de su entrega.
Promoción MC 1.2 de Polígono Aeropuerto, Sevilla Este, antes de su entrega en julio de 2011.

En todos los casos se hace un estudio personalizado a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) y de los centros de Servicios Sociales.

Así, en el día de hoy el Juzgado ha actuado en la promoción MC 1.2 de Sevilla Este en cumplimiento de una orden judicial de desalojo para la ocupante ilegal de una de las viviendas, a la que se ha solicitado en repetidas ocasiones desde marzo de 2016 que abandonara la vivienda que había ocupado de forma irregular y que aceptase las ayudas sociales que se le ofrecían, de acuerdo con su situación socio-económica.

Le ha sido ofrecida una ayuda al alquiler durante un año y un realojo transitorio en una vivienda ofertada por el Ayuntamiento. Ambas propuestas han sido rechazadas por la familia.

La vivienda desalojada ha sido inmediatamente adjudicada a una familia que cumple los requisitos.
La vivienda desalojada ha sido inmediatamente adjudicada a una familia que cumple todos los requisitos.

En el mismo momento en el que el Juzgado ha formalizado el desalojo se ha tramitado la adjudicación de la vivienda a una familia compuesta por la madre, la abuela y dos menores. La familia ha sufrido un desahucio,  se encuentra inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y cuenta con un informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales.

La vivienda ocupada ilegalmente por esta persona estaba incluida en un proceso de adjudicación convocado en junio de 2015 y regulado por la normativa del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla. A dicha convocatoria, de 60 viviendas protegidas, concurrieron un total de 631 personas inscritas en el Registro de Demandantes, a las que Emvisesa fue citando por orden para reservar vivienda. Esta persona ni siquiera estaba inscrita entonces en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. La vivienda ocupada permaneció vacía durante buena parte del anterior mandato municipal y se incluyó en la convocatoria referida en junio de 2015, no habiendo llegado a formalizarse la entrega en el momento de su ocupación ilegal.

Desde el inicio del actual mandato municipal y con la llegada de la nueva Gerencia a Emvisesa se ha reactivado la adjudicación de viviendas, que a la fecha supera las 540 viviendas adjudicadas.

Estado de la vivienda en el momento de producirse el desalojo por orden judicial.
Estado de la vivienda en el momento de producirse el desalojo por orden judicial.

Emvisesa y la OMDV han realizado un exhaustivo estudio de las circunstancias de la familia desde el día 28 de marzo de 2016, cuando una inspección de la Empresa Municipal advirtió la ocupación ilegal de la vivienda y se le han ofrecido distintas alternativas habitacionales para que procediera a salir de la vivienda y alojarse en alguna de ellas.

El Ayuntamiento de Sevilla dispone de un protocolo de actuación que permite, de manera excepcional, adjudicar una vivienda protegida al margen del Registro de Demandantes. Desde su inauguración, el pasado 31 de mayo, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha adjudicado 120 viviendas por este procedimiento. El requisito indispensable para acceder a este protocolo excepcional es contar con un certificado de vulnerabilidad por riesgo de exclusión social. A la fecha, la persona desalojada en el día de hoy no cuenta con este informe.

De hecho, la persona que ocupó ilegalmente la vivienda no ha sido víctima de ningún desahucio, sino que consta que vendió con beneficio su vivienda unifamiliar situada en la primera corona del área metropolitana de Sevilla, , en una operación fechada después de la ocupación ilegal del piso de Emvisesa, según la información que suministró de forma voluntaria. Dada esta situación socioeconómica, se han ofrecido las ayudas y se han realizado los trámites necesarios de acuerdo con su perfil y con los criterios de la Oficina Municipal de Vivienda y de los Servicios Sociales.

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