El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Delegación de Bienestar Social, ha abonado 1.572.000 euros a 631 familias sin recursos inquilinas de viviendas sociales de Emvisesa.
Las ayudas se han concedido en el marco del programa del Ayuntamiento hispalense conocido como PPR, dirigido a familias sin recursos suficientes para hacer frente a las rentas de alquiler de sus viviendas.
El programa se puso en marcha durante el año 2017, en el que el Ayuntamiento de Sevilla abonó 530.731 euros en concepto de ayudas para el pago del alquiler a 219 inquilinos de viviendas de Emvisesa, mientras que el pasado 2018 la cifra ascendió a 866.235 euros, repartidos entre 335 inquilinos.
Entre los meses de marzo y julio del presente año, la empresa municipal de la vivienda de Sevilla lleva tramitadas 278 ayudas al alquiler para otros tantos inquilinos de viviendas de su propiedad.
Emvisesa, en estrecha colaboración con la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, comprueba que las familias no disponen de recursos económicos y las asesora en la solicitud de unas ayudas que pueden llegar a los 6.000 euros por año y unidad de convivencia.
Juan Manuel Flores y Felipe Castro.
“Emvisesa dispone de una unidad de reciente creación que comprueba, caso por caso, la situación socioeconómica de todas las familias deudoras. En aquellos casos de inexistencia de recursos, les tramita las ayudas al alquiler puestas a disposición por la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla. Hay inquilinos sin recursos que han recibido 18.000 euros en los últimos tres años. Estas ayudas van directamente a cubrir el pago de sus rentas de alquiler”, afirma Felipe Castro, director gerente de Emvisesa.
El Ayuntamiento de Sevilla ya ha comenzado a abonar las ayudas PPR concedidas en lo que va de 2019, alcanzando a 77 inquilinos que han ingresado 175.000 euros.
“El Ayuntamiento de Sevilla ha abonado desde 2017 más de un millón y medio de euros a inquilinos de viviendas de Emvisesa, en concepto de ayudas al pago del alquiler. Creemos que esa cifra se situará en torno a los dos millones y medio al finalizar 2019, tras la estricta comprobación por nuestra parte del cumplimiento de requisitos. Estas ayudas PPR puede solicitarlas cualquier persona cuya escasez de recursos le impida afrontar el pago de su renta de alquiler y, para ello, debe dirigirse al centro de servicios sociales que le corresponda por la zona en que viva. ”, ha declarado Juan Manuel Flores, delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social.
Existe un límite de ingresos mensuales para acceder a la ayuda según el número de miembros de la unidad de convivencia, que va desde los 672 euros mensuales para unidades de convivencia de una persona, a los 985 para familias de cuatro miembros.
Emvisesa espera una notable subida de las ayudas recibidas por inquilinos de Emvisesa en la edición 2018 del Plan Alquila.
Emvisesa también asesora y tramita otros tipos de ayudas al alquiler para sus inquilinos, como las conocidas como Plan Alquila.
Las ayudas del Plan Alquila cubren entre el 40% y el 75% de la renta de alquiler que abonan los inquilinos. En el caso de las solicitudes de inquilinos de Emvisesa, han supuesto una media del 50%, por lo que el inquilino abona 100 euros y la ayuda al alquiler cubre los 100 restantes.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha realizado un gran esfuerzo para que estas ayudas al alquiler lleguen al mayor número posible de familias sevillanas y, muy particularmente, a las inquilinas de viviendas pertenecientes al parque municipal de alquiler. Hemos pasado de 520 solicitudes tramitadas en 2016, a 750 en 2017 y 900 en la última convocatoria. Se trata de un incremento de más del 73%. Durante los últimos cuatro años, y en coordinación con la Delegación de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa ha tramitado ayudas a familias con pocos recursos por valor de más de 6 millones de euros.
Evolución de las solicitudes de ayuda al alquiler tramitadas por Emvisesa.
La herramienta viene a integrar toda la información pública disponible, a nivel estatal, en materia de alquiler. Por una parte, pretende aclarar los aspectos fundamentales que necesitan saber tanto la parte arrendataria como la arrendadora para suscribir un contrato de alquiler. Asimismo, tiene como objetivo dar a conocer las principales novedades que presenta el Real Decreto-Ley 7/2019, que ha reformado la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, y lleva en vigor desde el pasado marzo.
El nuevo sitio web también aporta información útil sobre cómo proceder a los trámites del depósito de las fianzas del contrato de arrendamiento. Para ello, enlaza con las distintas páginas web de los organismos autonómicos competentes para realizar este trámite. En el caso de Andalucía, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) es quien tiene entre sus funciones la gestión de las fianzas de dichos contratos de arrendamiento.
Tabla resumen de ayudas al alquiler en andalucía.
Del mismo modo, el ‘site’ permite acceder a las páginas web que contienen información de las ayudas al alquiler que cada Comunidad Autónoma tienen establecidas, así como los requisitos para obtenerlas.
Juan Manuel Flores, delegado de Bienestar Social, y Felipe Castro, gerente de Emvisesa.
“Emvisesa, ha suscrito acuerdos para funcionar como entidad colaboradora de los planes de ayudas al alquiler conocidos como Alquila durante las tres últimas ediciones. El pasado año tramitamos un 73% más de solicitudes que en 2016. De tal modo que el ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha tramitado un total de 2.170 solicitudes válidas, de las que más del 60% han resultado o resultarán beneficiarias definitivas. Durante los últimos cuatro años, y en coordinación con la Delegación de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa ha tramitado ayudas a familias con pocos recursos por valor de más de 6 millones de euros”, ha declarado Felipe Castro, director gerente de la empresa pública de la vivienda de Sevilla.
Evolución de las solicitudes de ayuda al alquiler tramitadas por Emvisesa.
Guía para la elaboración de un contrato de arrendamiento de vivienda.
La herramienta también ofrece una guía práctica orientativa que recoge cláusulas y condiciones con una explicación detallada en cada apartado, según establece la Ley, para la elaboración de un contrato de alquiler.
Un contrato de alquiler es donde quedan registrados los pactos, cláusulas y condiciones acordados libremente por las partes y aunque la guía no se ha creado como un modelo único, incluye cláusulas que habitualmente aparecen en los contratos y proporciona una recomendación para dar mayor información que garantice que los contratos que se firmen se acojan a los requisitos que regula la Ley.
Servicio de atención ciudadana.
Ir al servicio de ayuda al alquiler del Ministerio de Fomento.
Con el nuevo sitio web el Ministerio de Fomento también ha puesto en marcha un servicio de atención ciudadana, para poder atender las dudas que puedan surgir a la hora de alquilar una vivienda. Por una parte, ofrece el teléfono gratuito 900 900 707 y, por otra parte, un buzón donde registrar las dudas que un equipo técnico responderá.
Aquí te ofrecemos las respuestas a las preguntas más frecuentes planteadas sobre alquiler:
1. ¿Cuánto duran los contratos de alquiler?
La duración será la que libremente pacten propietario e inquilino. No obstante, para los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, si el plazo pactado fuera inferior a cinco años – cuando el arrendador sea persona física– o a siete –si fuera persona jurídica– el contrato se prorrogará automáticamente hasta llegar a esos 5 o 7 años, por plazos anuales. Con la ley anterior, este plazo era únicamente de hasta 3 años.
No obstante, la prórroga no se producirá si el arrendatario (inquilino) comunica al arrendador (propietario) con al menos 30 días de antelación a la finalización del plazo pactado o de cualquiera de sus prórrogas anuales su intención de no renovar. Art. 9 LAU.
Transcurridos esos cinco primeros años (7 si el arrendador es persona jurídica), si ninguna de las partes hubiese notificado su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará por plazos anuales hasta un máximo de tres años más (prórroga tácita Art. 10 LAU). Con la ley anterior, esta prórroga tácita era solo de 1 año.
2. ¿Con cuánta antelación tienen que avisar ambas partes si no quieren renovar el contrato?
La nueva normativa establece que, transcurridos los cinco primeros años del contrato, (7 si el arrendador es persona jurídica), el arrendador-propietario debe comunicar al menos con cuatro meses de antelación su voluntad de no renovarlo. Por su parte, el inquilino deberá comunicarlo al menos con dos meses de antelación.
De lo contrario, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más. Durante estos tres años, el inquilino podrá comunicar su voluntad de no renovar con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades. Art. 10 LAU.
3. ¿Puedo quedarme en el piso 5 años sin renovar el alquiler?
Sí, el periodo mínimo de alquiler es precisamente de cinco años, si el arrendador es persona física (y de siete si es persona jurídica), siempre que el inquilino desee continuar en la vivienda.
Además, una vez vencido este periodo de duración mínima, la prórroga tácita es de tres años. Por tanto, sí puedo quedarme en el piso cinco años sin renovar el contrato de alquiler. Art. 9 y 10 LAU.
4. Si mi casero quiere recuperar la vivienda antes de que acabe el contrato, ¿Puede hacerlo?
No, con determinadas excepciones.
El propietario, cuando sea persona física, podrá recuperar la vivienda una vez transcurrido un año desde que se firmó el contrato, sólo si la necesita para él mismo o para a un familiar en primer grado (padres, hijos y cónyuge), avisando con dos meses de antelación. Además, esta posibilidad debe estar prevista de manera expresa en el contrato. Se trata de una de las novedades de la nueva normativa aprobada en 2019.
En caso de que en el plazo de tres meses el arrendador o sus familiares no hubieran ocupado la vivienda, salvo que se hubiese debido a causa de fuerza mayor, el inquilino tendría derecho a ser repuesto en el arrendamiento y/o percibir una indemnización determinada según lo dispuesto legalmente. Art. 9.3 LAU.
5. ¿Cuánto me pueden subir el alquiler cada año?
La renta no está sujeta a actualización anual salvo pacto expreso entre las partes. No obstante, lo habitual es que dicha cláusula de actualización se incluya en los contratos.
En ese caso, desde la aprobación del Real Decreto-ley 7/2019, dicha actualización tendrá como límite la variación del IPC de ese período. Art. 18.1 LAU.
Cuando se acuerde la actualización, debe tenerse en cuenta:
¿Cuándo se aplica? La renta solo podrá ser actualizada por el arrendador o por el arrendatario, en los términos pactados por las partes, en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato.
¿Cómo calculo la actualización? Las partes podrán acordar la metodología para actualizar la renta. Si no lo hicieran, se actualizará la renta para cada anualidad según la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada actualización. Para calcular esta variación se tomará como mes de referencia el del último índice que estuviera publicado. En todo caso, ya sea aplicando este índice o el que acuerden las partes, esta variación nunca podrá exceder la variación del IPC.
6. ¿Cómo afecta la nueva normativa a los desahucios?
El Real Decreto-ley 7/2019 ha establecido un protocolo de actuación por parte de la administración que da mayor protección a las personas y familias vulnerables en situación de desahucio, y una mayor claridad y seguridad jurídica al procedimiento.
Se establece la notificación sistemática de los procedimientos de desahucio a los servicios sociales competentes. De esta forma, los servicios sociales pueden analizar cada caso y dar soluciones habitacionales o alternativas al lanzamiento. Art. 441.5 LEC.
Además, con la nueva normativa se tramitan por juicio verbal -donde el ejercicio de defensa resulta más barato que en los juicios ordinarios- todos aquellos procesos arrendaticios cuya cuantía total reclamada no exceda de los 6.000 € y se pone fin a los desahucios con fecha abierta. Art. 249 LEC.
Juan Espadas, alcalde de Sevilla, y Felipe Castro, director gerente de Emvisesa, en la OMDV.
En Sevilla existe, desde junio de 2016, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda. La OMDV ha tramitado más de 1.200 casos de riesgo de pérdida de vivienda, sin que ninguno concluya en desahucio sin mediar una alternativa habitacional. Se encuentra en la avenida de San Jerónimo y su número de atención para solicitar cita previa es el 955 476 171.
7. ¿Cuántos meses de depósito me pueden exigir al firmar el contrato?
A la firma del contrato de alquiler de vivienda, el arrendador o casero exigirá una mensualidad de renta, en concepto de fianza, y podrá pactarse el establecimiento de garantías adicionales equivalentes, como máximo, a dos mensualidades, ya sean depósitos o cualquier otro tipo de garantía (avales, seguros de impago, etc.). Con la normativa anterior no había límite de cuantía. Art. 36.5 LAU.
8. ¿Qué son y quién paga los seguros de alquiler?
Son productos pensados para que los propietarios y arrendadores queden cubiertos en caso de impago. También suelen contemplar asesoramiento jurídico y/o cobertura contra daños por vandalismo y/o robo. Los puede pagar tanto el propietario como el inquilino. Sin embargo, hay que recordar que la nueva normativa limita a dos mensualidades el coste de las garantías adicionales que pueden sumarse al mes de fianza, por lo que en el caso de que el seguro lo sufragara el inquilino, su coste no podrá exceder esas dos mensualidades. Art. 36.5 LAU.
9. ¿Me pueden exigir un aval bancario para acceder al alquiler?
El aval bancario es un compromiso de pago que adquiere la entidad financiera del inquilino en caso de que éste no satisfaga la mensualidad acordada. Era una condición adicional habitual en algunos mercados tensionados… hasta la fecha. Ahora, el aval bancario no podrá implicar en ningún caso para el inquilino más de dos mensualidades de renta (es decir, el límite máximo de garantías adicionales que pueden sumarse al mes de fianza). Art. 36.5 LAU.
10. ¿Qué pueden hacer las comunidades de vecinos ante el fenómeno de la vivienda turística?
El Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler aumenta la capacidad de control de la comunidad de vecinos sobre la explotación de un inmueble como vivienda turística. Con la nueva regulación basta con que tres quintas partes de los propietarios de una comunidad de vecinos se oponga a que una vivienda se vaya a usar con fines de alquiler turístico para impedirlo, a través de un acuerdo de la comunidad. Antes se requería una oposición unánime. Además, las comunidades de vecinos podrán cobrar al apartamento o piso que esté destinado al uso turístico hasta un 20% más de los gastos anuales de la comunidad que le corresponda como propietario del piso. Art. 17.12 LPH.
Estos acuerdos de la comunidad en ningún caso tendrán efecto retroactivo, es decir, no se aplicaría a aquellas viviendas que ya estuviesen desarrollando la actividad con todas sus autorizaciones administrativas y requisitos legales aplicables.
El pasado mes de mayo culminó la primera convocatoria del Plan de empleo municipal con la adecuación de un total de 16 locales pertenecientes a Emvisesa que estaban en bruto y que, tras una inversión de 800.000 euros, ahora albergan distintas iniciativas que generan 60 puestos de trabajo, además de las 18 contrataciones que se han realizado para las distintas obras de adecuación.
Entrega de llaves del último local perteneciente al Primer Plan de Empleo y Activación de Locales Comerciales de Emvisesa, a cargo del delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, y Felipe Castro, director gerente de Emvisesa.
De manera inmediata, el Ayuntamiento de Sevilla y Emvisesa pusieron en marcha una segunda edición a la que se presentaron 15 iniciativas empresariales y que va a permitir la adecuación de otros 4 locales comerciales y la creación de 28 empleos.
Tal y como establecen las bases del Plan, las solicitudes presentadas han sido evaluadas por una Comisión Técnica y de Seguimiento que ha emitido los informes preceptivos para determinar como favorables seis de las propuestas.
Este segundo Plan de Empleo tiene un coste programado para el Ayuntamiento de Sevilla de otros 200.000 euros que, sumados a una cantidad extraordinaria que aportará con fondos propios la empresa pública de la vivienda, cubrirán las obras de adecuación de 4 de los locales, que ya han suscrito contratos de reserva. Las otras dos iniciativas valoradas positivamente por la Comisión formarán parte de una lista de espera única.
“Esta segunda convocatoria ha mantenido las mismas condiciones del primer plan de empleo. Emvisesa realiza y corre con los gastos de las obras de adecuación de los locales que se encuentran en bruto, ajustadas a los proyectos que en ellos se van a realizar y en total colaboración con los adjudicatarios. Se le conceden a los adjudicatarios seis meses de carencia y durante otros seis meses sólo se cobrará el 50% de la renta. A partir del primer año se mantiene un alquiler asequible“, ha declarado Felipe Castro, director gerente de Emvisesa.
Según los proyectos elaborados está previsto que las cuatro iniciativas del segundo plan generen 28 empleos, siendo 22 de ellos contratos vinculados a la actividad y estando otros 6 empleos vinculados a las obras de adecuación.
Ya están preparados los proyectos de adecuación de los locales de los tres primeros clasificados, la ONG Wide Horizon Projects (Polígono Sur), la academia de formación musical y artes escénicas Zë Estudio (Nervión) y la empesa de reformas Ekiobras (Sevilla Este).
Emvisesa va a iniciar la licitación de las obras de adecuación de estos tres locales, estimando un plazo de licitación de 2 meses y un plazo de ejecución de entre 2 y 3 meses más.
La redacción del proyecto del siguiente local clasificado, el centro de atención pisicopedagógica ADE (Sevilla Este), se encuentra en fase de contratación.Un a vez finalizado el proyecto comenzará la licitación de las obras de adecuación, con plazos estimados similares a los anteriores.
En paralelo a los Planes de Empleo, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha distintas campañas y acciones que han permitido la ocupación de la práctica totalidad de los locales comerciales de Emvisesa.
Juan Espadas, Juan Manuel Flores y Felipe Castro recorriendo el local de la ONG Acción contra el Hambre junto a su responsable.
Entre dichas acciones se encuentra la cesión de locales comerciales a entidades sin ánimo de lucro. Emvisesa ya posee ejemplos positivos de dinamización social, económica y cultural de las zonas en las que se asientan entidades como “Acción contra el Hambre” (San Jerónimo), que están sirviendo como guía para futuras intervenciones en otros distritos de la ciudad.
Asimismo, la primera convocatoria del Programa Piloto Tres Barrios-Amate para la dinamización de zonas desfavorecidas ha permitido que las asociaciones Save The Children, Asaenes y Ápice estén poniendo en marcha proyectos que crearán empleo y dinamizarán Cerro-Amate, gracias a la cesión en régimen de alquiler de 5 locales comerciales de Emvisesa. El pasado 17 de junio finalizó la segunda convocatoria, que facilitará la cesión de un total de 3 nuevos locales comerciales de cuarenta, sesenta y ochenta metros cuadrados, respectivamente, situados en la calle Amperio (promoción propiedad de Emvisesa en la calle Cátodo).
Javier Cuenca, director de Save The Children, recibiendo las llaves de los locales de manos de Juan Manuel Flores, delegado de Bienestar Social y Empleo.
“Cuando finalizó la anterior legislatura Emvisesa tenía 105 locales vacíos, lo que representaba un 30% de su patrimonio. Existía demanda por parte de entidades y emprendedores pero la mayor parte de los locales estaban en bruto y el elevado coste de las obras de adecuación, así como la obligación de abonar rentas de alquiler antes de que el negocio estuviese en funcionamiento, provocaban que permanecieran sin uso. La exitosa experiencia de los Planes de Empleo refuerza nuestra iniciativa de continuar adecuando locales a través de una inversión pública para proyectos de emprendedores, innovación social o entidades”, declaró Juan Manuel Flores.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) de Emvisesa, ha alcanzado un acuerdo con la entidad financiera titular de una vivienda privada para aplazar la orden de desalojo existente sobre una familia en situación de riesgo de exclusión social, con el objetivo de que se pueda trasladar a una vivienda del parque social municipal que se encuentra en fase de adecuación.
La familia está formada por dos adultos, un hijo mayor de edad y dos hijos menores. Los Servicios Sociales, en coordinación con la OMDV, les han estado facilitando ayuda. Ningún miembro de la unidad de convivencia tiene empleo y sólo ingresan la ayuda familiar. La familia tiene los suministros de la vivienda ocupada legalmente contratados y no han tenido problemas de convivencia comunitaria.
La OMDV les está asesorando desde marzo de 2017, año en el que recibieron una sentencia que les obligaba a desalojar una vivienda propiedad de una entidad financiera que habían ocupado sin título en el distrito Cerro Amate. La sentencia se convirtió en firme en octubre de 2018, aunque tras la mediación de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda se logró la suspensión transitoria del lanzamiento. Desde entonces, se ha estado trabajando en la búsqueda de una alternativa habitacional acorde con las posibilidades y necesidades de la familia.
Ante el señalamiento de nuevo del lanzamiento mañana miércoles 12 de junio, la OMDV ha llegado a un acuerdo con la entidad financiera propietaria de la vivienda ocupada, que ha solicitado su paralización el tiempo suficiente para dar tiempo a Emvisesa a adecuar un piso propiedad de la empresa municipal y llevar a cabo la mudanza.
La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha emitido un informe de idoneidad tras analizar en profundidad la situación socioeconómica de la familia, que abonará una renta acorde a su situación económica, denominada renta mínima exigible. Periódicamente, la OMDV, Emvisesa y los Servicios Sociales Municipales comprobarán la evolución y el cumplimiento de requisitos para ajustar la renta a las posibilidades económicas de la familia.
Emvisesa prevé que la vivienda, sobre la que la familia tiene suscrito un documento de reserva, estará lista en un plazo máximo de una semana. Se trata del tiempo necesario para adecuar la vivienda a la que la familia podrá trasladarse, evitando el desalojo y regularizando su situación.
Juan Manuel Flores y Felipe Castro revisando el Informe Semestral de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda OMDV.
Durante los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha adjudicado 229 viviendas siguiendo el procedimiento de urgencia a otras tantas familias vulnerables en riesgo de exclusión social.
La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda se ha convertido, desde su inauguración a mediados de 2016, en el punto de referencia para asesorar a unidades familiares en riesgo de perder su hogar, tras abrir 1.200 expedientes y mediar con entidades financieras y propietarios privados, evitando que se produzca un solo desahucio sin que medie una alternativa habitacional.
En dichas jornadas tuvimos el placer de contar con un gran número de expertos y personas interesadas en los nuevos enfoques en la gestión de la vivienda pública, los nuevos modelos de viviendas y alojamientos evolutivos, la colaboración entre entidades, la perspectiva jurídica, la actualidad en el mercado de alquiler, el nuevo Plan Municipal de Vivienda de Sevilla, las estrategias para regenerar zonas desfavorecidas, la movilización de la vivienda vacía o el funcionamiento de las comunidades de vecinos , entre otros interesantes temas relacionados con la vivienda.
Carmen Castreño, presidenta de Emvisesa, durante la inauguración de las III Jornadas de Vivienda Social de Sevilla.
Sin embargo son muchos los que no pudieron asistir, tuvieron que elegir entre dos actos celebrados de manera simultánea o desean volver a disfrutar de la exposición de alguno de los ponentes que participaron en las 14 diferentes mesas redondas que conformaron el eje central de las Jornadas.
Para satisfacer todas esas peticiones, Emvisesa ha recabado la autorización de dichos ponentes y pone a disposición de todos los interesados las grabaciones de las 14 mesas redondas temáticas, incluyendo los debates generados tras las exposiciones de los invitados, así como una versión en PDF de 29 de las presentaciones que utilizaron como material de apoyo.
III Jornadas de Vivienda Social de Sevilla.
Se trata de material original cedido por los ponentes, en muchos casos especialistas de nivel nacional, que esperamos sirva a personas interesadas en las diversas materias, estudiantes e investigadores.
El objeto del convenio es la cesión en régimen de arrendamiento de viviendas públicas en las que personas con discapacidad intelectual, apoyadas por profesionales, puedan desarrollar un entrenamiento que las prepare para una vida independiente.
Felipe Castro ha estado acompañado de Pedro González-Quevedo, director del Área de Gestión de Emvisesa. Los anfitriones de la Asociación Paz y Bien, además de los inquilinos de las tres viviendas, han sido Luis Gordillo e Israel Montes, responsables de proyectos y programas de la asociación.
Responsables de Emvisesa visitan una de las viviendas cedidas en Pino Montano a la asociación Paz y Bien.
Dos de las viviendas, situadas en Pino Montano, sirven para desarrollar el Programa Timonel, que aspira a que los participantes dejen de ser dependientes y accedan a un puesto de trabajo estable. Timonel es la primera experiencia de vida autónoma para numerosos jóvenes e implica una supervisión diaria y cercana por parte de los tutores de Paz y Bien. Las viviendas se constituyen como pisos de entrenamiento, en un nivel previo a la independencia.
La tercera vivienda se encuentra en Santa Aurelia y supone un estadio más avanzado hacia una vida completamente autónoma. En ella, viven Rocío, Jesús y Alfredo. Los tres disfrutan de un empleo.
“Mi objetivo era independizarme y vivir de manera independiente. Quería seguir creciendo como persona y en esta vivienda puedo conseguirlo”, afirma Rocío.
Jesús y Alfredo también destacaron la importancia de la vivienda en su proyecto de vida independiente.
Felipe Castro, gerente de Emvisesa, y Josefa Romero, presidenta de Paz y Bien.
“Emvisesa tiene un total de 38 viviendas cedidas a entidades sin ánimo de lucro. Durante estos cuatro años Emvisesa, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, ha cedido 20 de esas viviendas, duplicando la cifra respecto al total histórico. Asociaciones como Paz y Bien trabajan para facilitar la inclusión sociolaboral de personas en riesgo grave de exclusión social”, declaró Felipe Castro.
Las entidades sin ánimo de lucro acceden en condiciones ventajosas de alquiler a una vivienda pública y devuelven a la sociedad sevillana mucho más de lo que han recibido, mediante la atención de miles de personas en riesgo de exclusión social y la creación de cientos de puestos de trabajo.
La relevancia de estas cesiones no se encuentra tan sólo en la cantidad de viviendas, sino en las características de las entidades receptoras y en la creación de un procedimiento basado en la convocatoria pública.
Hasta la creación del procedimiento de convocatoria pública, la premisa fundamental en estos proyectos era contar con una memoria justificativa sólida por parte de las entidades solicitantes que garantizara el cumplimiento de los fines perseguidos. Las viviendas debían contribuir al desarrollo de programas para la integración sociolaboral de colectivos que cuentan con una especial problemática a la hora de la inclusión. Parte fundamental de dicha integración es facilitar la incorporación al mundo laboral a los destinatarios de los programas.
Buena parte de los convenios se han venido enmarcando en el Plan de Inversiones y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, que está permitiendo rehabilitar viviendas para fines sociales. Gracias a este Plan y, concretamente, a la aportación económica realizada por parte de la Delegación de Empleo y Bienestar Social, Emvisesa ha continuado cediendo viviendas a entidades sin ánimo de lucro, tras detectar el efecto positivo en el empleo directo e indirecto de dichas cesiones, además de los avances en la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social.
“Con el aval del éxito obtenido en una veintena de proyectos durante estos cuatro años, son muchas las asociaciones de todo tipo que acudían a Emvisesa para ser incluidas en programas de cesión de viviendas. Desde el pasado mes de noviembre de 2018 la firma espontánea de convenios bilaterales se ha sustituido por la convocatoria pública, al tratarse de una figura más transparente, que garantiza la libre concurrencia y dota de una mayor agilidad a la tramitación de los procesos”, afirmó el director gerente de Emvisesa.
El pasado martes 21 de mayo tuvo lugar una reunión entre representantes del Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa, Caixabank e InmoCaixa para tratar la incorporación de 136 viviendas, pertenecientes a la gestora inmobiliaria de Caixabank, al parque público municipal de viviendas protegidas de Sevilla.
InmoCaixa, pertenece a la Fundación La Caixa, que destina 500 millones de euros anuales a obra social. La inmobiliaria de la Fundación es la responsable de gestionar un parque de más de 20.000 inmuebles en alquiler y venta en toda España.
La entidad financiera presentó al Ayuntamiento de Sevilla un nuevo plan de actuación en materia de vivienda social, que viene a complementar los programas de Vivienda Asequible para familias con ingresos limitados, con un precio medio de 240 euros al mes, y el de Alquiler Solidario, destinado a familias que pueden abonar 150 euros de renta mensual.
La tercera vía de actuación, que InmoCaixa está poniendo en funcionamiento y presentando exclusivamente a Comunidades Autónomas, consiste en ofrecer a gestores públicos autonómicos todos los inmuebles que no forman parte de alguno de los dos programas sociales mencionados. La excepción realizada con Sevilla se debe a la destacada actividad de su empresa pública, Emvisesa, en materia de vivienda social.
En el caso de Sevilla, Emvisesa se haría cargo de la gestión de un total de 136 viviendas para adjudicarlas en régimen de alquiler social a familias que necesitan urgentemente soluciones habitacionales.
InmoCaixa cedería las viviendas a Emvisesa a cambio de rentas de entre 75 y 125 euros mensuales, según las condiciones de las mismas.
Archivo, octubre 2017. Firma de cesión de viviendas a Emvisesa por parte de la Caixa. La filial inmobiliaria de Caixabank, BuildingCenter, puso a disposición de Emvisesa dos nuevas viviendaspara uso social, en virtud del acuerdo marco de colaboración planteado entre el Ayuntamiento de Sevilla y Caixabank en una reunión mantenida entre el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el director territorial de la entidad financiera en Andalucía Occidental, Rafael Herrador.
Durante los próximos días, Emvisesa va a estudiar el convenio propuesto por InmoCaixa, respecto al número total de viviendas, las condiciones y la posibilidad de incluir el derecho de tanteo y retracto para, en su caso, establecer una fecha para suscribirlo e incrementar su parque de viviendas.
Ya está abierto el nuevo plazo para que inquilinos de Emvisesa en situación de riesgo o exclusión social puedan solicitar las ayudas propias del Protocolo de Protección a familias con pocos Recursos, conocidas como PPR-PPC.
Se trata de ayudas a cuenta del presupuesto de la Delegación de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, tramitadas en coordinación con Emvisesa y los Centros de Servicios Sociales. Los destinatarios son familias o unidades de convivencia inquilinas o cesionarias legales de viviendas u otros alojamientos titularidad de Emvisesa o gestionados por ésta.
Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ocupar legalmente la vivienda arrendada o cedida como domicilio habitual y permanente de la unidad familiar o de convivencia, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la normativa de viviendas protegidas.
b) No encontrarse sancionado por la no ocupación de la vivienda o por infracciones muy graves en expedientes del Protocolo de Convivencia de Emvisesa.
c) Tener los suministros (agua, electricidad, gas) contratados legalmente.
d) Encontrarse todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia empadronados en la vivienda arrendada.
Asimismo, los solicitantes han de ser usuarios de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, hallarse en situación de riesgo o exclusión social y reunir los requisitos establecidos en el Programa de ayudas económicas complementarias del Área de Bienestar y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla para la anualidad correspondiente. La comprobación del cumplimiento de estos requisitos será realizada por el Centro de Servicios Sociales, servicio especializado donde esté siendo atendida la familia solicitante, o bien por la OMDV (Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda).
Las personas que quieran acogerse a este protocolo habrán de presentar los impresos normalizados disponibles bajo estas líneas en las oficinas de la OMDV, solicitando cita previa en el teléfono 955476171. Los documentos son el impreso de solicitud y 3 anexos.
Asimismo, habrán de presentar la siguiente documentación:
– Tres últimas facturas de suministros de luz y agua, o en su caso, de los meses que lleve entregada la vivienda.
– En los casos de hijos menores escolarizados, se presentarán los justificantes de matrícula del centro escolar.
– Certificado de deuda cero con la Comunidad por parte de la Administración de fincas a la que pertenezca la vivienda, o en su defecto, por el Presidente de la Comunidad.
En el periodo mayo 2015-diciembre 2018 se han abonado un total de 2,5 millones de euros en ayudas a inquilinos de Emvisesa, 923.008,63 euros en concepto de Renta Social y 1,5 millones de las ayudas PPC-PPR que han sustituido a la Renta Social.
La Renta Social consistía en un descuento que Emvisesa realizaba en el recibo de la renta de alquiler a las familias que no podían abonarlo. En marzo de 2017 la Renta Social fue sustituida por los Programas de Ayudas a Familias con Pocos Recursos (PPC y PPR), en los que es la Delegación de Bienestar Social quien, en coordinación con Emvisesa y la OMDV, estudia la situación socioeconómica de la familia y le presta una ayuda para hacer frente a las deudas de alquiler contraídas.
Los Programas de Ayudas a Familias con Pocos Recursos (PPC y PPR) han servido para ayudar, desde marzo de 2017, con más de 1.500.000 euros a familias inquilinas de Emvisesa en exclusión social o en riesgo de padecerla.
El Programa apunta a un nuevo modelo de transparencia y relaciones con la ciudadanía que se articula mediante un Comité Técnico Consultivo, órgano superior que coordina cinco diferentes Mesas Sectoriales que quedaron constituidas a finales del año 2017.
Diagrama organizativo del Programa de Transparencia y Fomento de la Participación Ciudadana.
Las Mesas Sectoriales son grupos de trabajo especializados en diversas áreas temáticas relacionadas con la función social de la vivienda pública.
En estas Mesas se fomenta la participación de agentes económicos y sociales, asociaciones vecinales y de consumidores, y profesionales relacionados con la vivienda. Se trata, además, de favorecer la participación de los colectivos y movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda, dando cobertura a las distintas organizaciones que actualmente tratan el problema de la vivienda en la ciudad, como la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV), las mesas de negociación con entidades financieras, promotoras inmobiliarias, mesas de diálogo entre propietarios y arrendadores, comunidades de propietarios y Juntas de arrendatarios, así como colectivos especialmente vulnerables, como víctimas de violencia de género, discapacitados y personas con necesidades especiales.
Felipe Castro, gerente de Emvisesa, ha presidido las cinco Mesas, presentándoles la versión definitiva del Plan Municipal de Vivienda, aprobado el pasado mes de diciembre, con especial atención al Programa de Alquiler Asequible. El nuevo PMVS se caracteriza por la colaboración público-privada y cuenta con una financiación de 330 millones de euros para promover más de 3.000 viviendas y alojamientos con algún tipo de protección.
Durante la mañana del jueves el gerente de Emvisesa estuvo acompañado de Mario Estivill y Antonio Ibáñez, corredactores del PMVS y miembros de Espacio Común. En esta sesión matutina tuvo lugar la quinta reunión, desde su constitución, de la Mesa Financiera y el cuarto encuentro de la Mesa Profesional.
La Mesa Profesional está constituida por una amplia representación de los sectores profesionales cuyo objeto principal es la vivienda y afines, como la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda (AVS), los Promotores privados de viviendas (GAESCO), el Colegio Oficial de Arquitectos, el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores (COAAT), el Colegio de Administradores de Fincas, la Real Fundación Patronato de la Vivienda o la Universidad de Sevilla.
En la Mesa Financiera se integran representantes de Bankia, Caixabank, Sabadell, Caja Rural, Caja Sur o Unicaja.
Felipe Castro ha incidido en que la práctica totalidad de los 20 Programas que conforman el PMVS están en marcha y ha desgranado los resultados que ya están produciendo.
Felipe Castro también destacó los buenos resultados de la nueva campaña de captación de viviendas vacías. “La Empresa Municipal ya ha captado más de 120 viviendas que se encontraban vacías, gracias a diversas estrategias y ha recuperado 40 viviendas públicas que se encontraban inhabitadas u ocupadas de manera irregular”.
Respecto a la gestión de ayudas para inquilinos de viviendas protegidas de Emvisesa, Felipe Castro ha cifrado en más de 3 millones de euros los gestionados en el marco de los Planes Alquila 2017-2020. Respecto a las ayudas facilitadas en colaboración con la Delegación de Bienestar Social y Empleo, “Emvisesa ya ha gestionado más de 1.500.000 euros en ayudas municipales PPC-PPR para 557 familias, lo que supone una media de 2.700 euros por familia beneficiaria. Más de 16.000 recibos de IBI correspondientes a inquilinos de viviendas de alquiler de Emvisesa han sido bonificados por un valor de 2 millones de euros”.
Cristina Murillo Fuentes, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla; Laura López de la Cruz; directora de la Cátedra de Economía El Roble; Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo; y Eliseo Monsalvete Mazo; presidente de Iniciativa Ciudad Abierta durante la Jornada “Sembrando la ciudad de iniciativas contra la soledad: las viviendas colaborativas para mayores“, en la que Emvisesa presentó sus planes para construir 240 alojamientos en modalidad de vivienda cooperativa.
Finalmente, el director gerente de Emvisesa ha hecho referencia a los proyectos de coliving y cohousing que tiene en marcha la empresa municipal. “El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, está avanzando en el desarrollo de 3 promociones de más de 240 alojamientos en modalidad de vivienda cooperativa. A los 50 alojamientos de García Ramos hay que sumar los dos alojamientos piloto para estudiantes y profesorado en San Jerónimo y otros 189 en la misma barriada, dedicados al envejecimiento activo”.
Durante la tarde tuvieron lugar las sesiones de la Mesa Asociativa, que se reúne por cuarta vez, Ciudadana, que lo hace por quinta, y Social, que celebra su sexta convocatoria.
“En primera persona“, programa de Radio Nacional de España (Radio 5) presentado y dirigido por Sandra Camps y dedicado a realidades sociales tan cercanas como desconocidas, se ha asomado esta semana a Sevilla y concretamente al tema de la vivienda social.
Aprovechando la celebración de las III Jornadas de Vivienda Social de Sevilla, Camps se trasladó a la sede de CaixaForum el día 7 de marzo para interesarse por el funcionamiento de Emvisesa y, más concretamente, de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) y la labor desarrollada por las unidades de resolución de conflictos y atención a las familias más desfavorecidas.
El reportaje, cuyo audio está disponible bajo estas líneas, avanza gracias a los relatos de Eva Cristóbal, responsable de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda; Alfonso González Valdés, miembro de la Asociación Ponte; Jesús López Pérez, miembro de la Asociación Al-Gea; e Irene Daza, trabajadora social de Emvisesa que desarrolla su tarea en la OMDV.
Escucha el interesante reportaje de Sandra Camps para En primera persona de Radio Nacional de España "Vivienda Social. Un techo digno es un derecho":
“Me acerco a las Jornadas de Vivienda Social que se han celebrado en Sevilla para conocer cómo se puede ayudar a las familias más vulnerables a disfrutar de una vivienda digna. Un pilar fundamental para poder vivir y, a partir de ahí, gestionar los recursos necesarios que permitan a estas familias salir de la precariedad”. Con estas palabras presenta Sandra Camps el reportaje.
Alfonso González Valdés habla sobre el programa de resolución de conflictos que la Asociación Ponte, en colaboración con Emvisesa, está desarrollando en el parque de viviendas de alquiler de la empresa municipal.
“Intentamos que la gente genere sus propias soluciones en conflictos tanto leves como graves. También desarrollamos programas de concienciación sobre convivencia en comunidad, dirigidos a estudiantes de secundaria. La soledad es un agravante en la producción de conflictos“, afirma Alfonso González.
Eva Cristóbal recalca la adjudicación de viviendas públicas a familias en grave riesgo de exclusión social, en coordinación con la delegación de Bienestar Social y la Asociación Ponte. “Los trabajadores sociales abren hasta las neveras para conocer en profundidad las condiciones de las familias con mayores necesidades“. “El perfil que atendemos responde a familias monoparentales encabezadas por mujeres con menores a su cargo cuyas condiciones económicas les impiden acceder a un alquiler en el mercado libre. Las ayudas del Ayuntamiento de Sevilla les posibilitan un primer acceso evitando fianzas y nóminas, mientras sus condiciones mejoran y rehacen sus vidas“. “Nos preocupamos especialmente por los niños“.
Irene Daza afirma durante el reportaje que “existe una limitación de recursos que nos obliga a baremar para que las familias más necesitadas sean las primeras en recibir atención” “En apenas 2 años de funcionamiento la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha logrado mucho“.
Escucha el interesante reportaje de Sandra Camps para En primera persona de Radio Nacional de España "Vivienda Social. Un techo digno es un derecho":
