El Consejo de Administración de Emvisesa, en su sesión de 21 de marzo de 2016 aprobó el “Protocolo para casos de incumplimiento de las normas de convivencia vecinal y no ocupación de las viviendas arrendadas propiedad de Emvisesa o gestionadas por esta, por parte de sus inquilinos legales”.

El objetivo de este protocolo es el establecimiento de unas normas de actuación en relación a las viviendas propiedad de Emvisesa o gestionadas por esta, en determinados supuestos de incumplimiento grave de las normas de convivencia vecinal cuando existan, además, otras circunstancias que dan lugar a la degeneración de la convivencia en la Comunidad.

El protocolo de convivencia es de aplicación en el  parque de viviendas en alquiler propiedad de Emvisesa, así como aquellas que sin ser de su propiedad, tiene encomendadas la gestión en alquiler.

El parque de viviendas en alquiler propiedad de EMVISESA ascendía a 2.603 viviendas a 31 de agosto de 2017.

Las viviendas se localizan en gran parte en tres barriadas: 483 en Torreblanca; 655 en Pino Montano; 335 en Sevilla Este; y el resto en diversas zonas.

En dicho protocolo las infracciones se clasifican  en leves, graves y muy graves, estableciéndose una serie de sanciones para cada una de ellas.

La aplicación del Protocolo puede dar lugar a la resolución de los contratos de arrendamiento, previo acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración. Además se establece un procedimiento de mediación para los casos en que no se logre la unanimidad del Consejo.

El Protocolo establece el procedimiento de tramitación de los expedientes abiertos, que va desde una fase de inicio, comprobación y documentación, por los medios que se estime oportunos, pasando luego posteriormente  a la comunicación al afectado de la apertura del expediente concediéndole un plazo de alegaciones. Si el expediente llega a su fin, se emitirá un informe proponiendo las sanciones a aplicar, que han de ser aprobadas, en caso de leves, por el Director Gerente; si son graves, por la Comisión Ejecutiva, y si son muy graves, precisamente por la gravedad de las sanciones, por el Consejo de Administración, por unanimidad de sus componentes.

Si no hay unanimidad, se establece la necesidad de adoptar medidas conciliadoras y de mediación. Para ello la OMDV cuenta con los servicios de una Unidad de mediación y resolución de conflictos, compuesta de mediadores externos.

Los expedientes son ampliamente documentados con inspecciones por parte de Emvisesa y por múltiples visitas, entrevistas y actuaciones de campo por parte del equipo externo de mediación y resolución de conflictos.

Desde la probación del protocolo de convivencia hasta el 30 de septiembre de 2017 se han abierto 153 expedientes.

Aquellos inquilinos afectados por conductas delictivas o comportamientos contra la libertad sexual, violencia de género, acoso psicológico o situaciones que puedan llegar a comprometer su integridad física, son derivados al Programa de Protección de Inquilinos especialmente afectados. Han sido 4 los expedientes derivados a este Programa, a 2 de los cuales se les ha reubicado en otras zonas.

Se han enviado 30 expedientes al servicio de Mediación y resolución de conflictos, con anterioridad a la imposición de sanciones de algún tipo. Los mismos se encuentran en la siguiente situación:

–       En tramitación: 19.

–       Con informe favorable, en año de seguimiento: 7.

–       Cerrados positivamente: 3.

–       Cerrados negativamente (irán a propuesta de sanción): 1.

El resto de los expedientes suman un total de 119  y se encuentran en el siguiente estado:

–       Tramitación: 57 se encuentran en diferentes fases de tramitación (comprobación, comunicación a los interesados, alegaciones, etc.).

–       Cerrados: bien porque hayan cesado las actuaciones que dieron lugar a los mismos o porque no se hayan podido verificar los hechos denunciados, un total de 39 expedientes.

–       Sancionados: 23. Son expedientes que se han tramitado hasta el final, dando lugar a la imposición de diferentes sanciones, de los cuales 4 han implicado sanciones económicas o de otro tipo (por infracciones leves y graves). Los expedientes por infracciones muy graves que han pasado por Consejo de Administración han sido 19, siendo aprobados por unanimidad, y por tanto habiéndose adoptado como sanción la resolución de los contratos de alquiler en vía judicial un total de 10 expedientes. De estos, se han recuperado ya judicialmente 2 viviendas. No obstante, hay 9 expedientes que no lograron la unanimidad, pasando a los Servicios de mediación y resolución de conflictos. De estos, en 2 se ha llegado a informe favorable, estando actualmente en el año de seguimiento, y en uno se ha dictado informe desfavorable, teniendo que pasar a imposición de sanciones (Consejo de Administración).

Respecto a los expedientes sancionados, en 15 de ellos había infracciones leves, en 16 infracciones graves y en 17 infracciones muy graves.

Las infracciones leves más habituales son las actividades molestas para los vecinos (43%) y la ocupación de elementos comunes (26%).

Entre las graves la utilización de zonas comunes para usos que no le son propios (18%), enganche ilegal de suministros (16%) o molestias causadas por animales ( 14%).

Entre las infracciones muy graves, las conductas delictivas que hayan dado lugar a denuncias ante la policía (30%), subarriendos de viviendas (15%) o utilización de las zonas comunes para usos peligrosos (15%).

La experiencia adquirida indica que los inquilinos se están mentalizando de la necesidad de mantener pautas de conducta y de buena convivencia, ya sea por las políticas educativas o por las punitivas. Con las Comunidades se ha generado un mayor vínculo y un mejor trasvase de información y coordinación.