Ayer tuvo lugar en el Centro Cívico La Buhaira la mesa redonda “Vivienda y exclusión residencial“, organizada por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) con la colaboración de la Delegación de Educación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, en el marco del ciclo Voluntariado y Participación Ciudadana.

Juan Reyes, presidente de EAPN Andalucía, inauguró la mesa redonda y presentó a los intervinientes: Irene Acero, en representación de Emvisesa y la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV); Carmen Nieto, en representación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía  (AVRA); Juan Manuel Pacheco, representante de Provivienda Andalucía; y David Navas, representante de la plataforma STOP Desahucios y la Asociación Apoyo a la Recuperación de las Familias Afectadas por la Desigualdad en España (Arfade).

Luis Pizarro Fernández, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, fue el moderador de una mesa cuyo objetivo consistió en plantear distintas perspectivas y propuestas para abordar la situación habitacional de la ciudadanía.

Pizarro expuso que la crisis ha hecho del derecho a la vivienda el más dañado y vulnerado, constituyendo durante los último 10 años el principal motivo de solicitudes a la oficina del Defensor del Pueblo.

Juan Reyes encuandró la actual problemática de la vivienda en el fenómeno de la crisis económica y la burbuja inmobiliaria y aseguró que en estos momentos se ve agudizada por una nueva burbuja, en esta ocasión relacionada con el mercado de alquiler. Recordó que desde su Asociación venían demandando la elaboración de un censo de viviendas vacías, el establecimiento de medidas fiscales para facilitar el acceso a vivienda y la imposición de sanciones por mantenimiento de viviendas desocupadas.

Cabe recordar que Emvisesa presentó el Censo de Viviendas Vacías el pasado 11 de abril durante las Jornadas “100 años de vivienda pública en Sevilla”.

Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla ha dispuesto diversas medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda e incentivar la puesta a disposición de Emvisesa de las viviendas vacías.  El Ayuntamiento bonifica en un 95% el IBI de más de 2680 inquilinos de viviendas protegidas de Emvisesa y va a hacer lo propio con los dueños de viviendas vacías que las alquilen a Emvisesa.

Irene Acero, realizó una resumida exposición de las principales funciones  de la OMDV, recordando que se trata de una Oficina con un presupuesto superior al millón de euros anual y constituida por un equipo de profesionales formado por trabajadoras sociales, educadoras sociales, pedagogas, asesoras jurídicas y personal administrativo.

Desde la experiencia que da la apertura de 968 expedientes relacionados con necesidad urgente de vivienda y riesgo de pérdida de la misma, Acero quiso poner el foco en otros problemas que van más allá de la mera adjudicación de viviendas a familias necesitadas.

“El problema de la vivienda tiene mucho que ver con otros problemas como la falta de empleo y la ausencia de una cultura general en materias económica y jurídica“, recordó Irene Acero.

“Desde la OMDV nos preocupamos especialmente por trasladar y traducir a las familias la información y los procesos en los que se encuentran inmersos. Los términos económicos y jurídicos incluidos en una hipoteca o un contrato suelen ser complejos y las familias se ven desbordadas, entre otras muchas cosas por la falta de entendimiento que se acentúa en situaciones de estrés”

Desde la constitución de la OMDV se han adjudicado más de 165 viviendas a otras tantas familias en situación desesperada. Se trata de un éxito y sin embargo una política de vivienda no debe basarse únicamente en la adjudicación y el acceso a una vivienda. Durante estos últimos años la adjudicación excepcional de viviendas ha logrado taponar una herida abierta y ahora estamos creando las herramientas para que todas esas familias sean capaces de seguir adelante de manera autónoma, al margen del asistencialismo.

Irene Acero expuso diversas medidas, algunas pioneras, que Emvisesa está poniendo en práctica para fortalecer la vivienda pública, como la creación del Servicio de Agentes de Proximidad.

“Actualmente percibimos en la OMDV un incremento en el número de casos relacionados con el alquiler, bien sea de renta antigua, de situaciones de impago, consulta sobre contratos o sobre procedimientos judiciales. La OMDV facilita asesoramiento sobre justicia gratuita, asignación de abogados de oficio y mediación con propietarios, entre otras soluciones“.

Al hilo de exposiciones anteriores, Irene Acero recordó que en el caso de las entidades bancarias los acuerdos suelen ser más fructíferos que la fuerza o los pleitos, ya que cuentan con estructuras capaces de agotar las posibilidades de un ciudadano.

Emvisesa ha logrado acuerdos con entidades financieras como Sareb y Caixabank por las que éstas están cediendo viviendas vacías que la Empresa Municipal está utilizando para el alquiler social.

Finalmente, Irene Acero expuso las líneas generales del Protocolo de Convivencia, resaltando su labor preventiva, correctiva y educativa. La OMDV ha abierto 241 expedientes relacionados con problemas de convivencia, reservando la aplicación de sanciones que culminen en la rescisión del contrato para los casos muy graves de problemas de convivencia, como los que vulneran derechos fundamentales.

Carmen Nieto, representante de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), basó su discurso en su experiencia dentro de la gestión del parque publico de vivienda desde el año 2002. AVRA gestiona un parque de 75.931 viviendas, la mayoría de integración social, en el que viven unas 300.000 personas.

La renta media de una vivienda de AVRA oscila entorno a los 60€ mensuales, más comunidad y suministros. Sin embargo existe un problema generalizado de impago que Carmen Nieto relacionó con una percepción errónea de la vivienda pública gratuita.

“Desde hace unos años AVRA pone en marcha procedimientos judiciales para recuperar viviendas de personas que no cumplen los requisitos y adjudicarlas a otras familias, a través del Registro de Demandantes, que hagan un uso correcto de las mismas. Del mismo modo se persiguen las situaciones de ocupación ilegal, estableciendo procedimientos judiciales que contemplan la regularización siempre que cumplan los requisitos de acceso a una VPO y se haya establecido una coordinación con los Servicios Sociales que determine la idoneidad del proceso. La regularización va vinculada en todo momento a la adjudicación de una vivienda distinta a la que la unidad familiar ha accedido sin título. En todos los procesos se busca la transparencia y concurrencia“.

AVRA dispone de 3 trabajadoras sociales para cubrir 81 municipios, lo cual dificulta el seguimiento de familias. Sí dispone de agentes verificadores, figura creada en el año 2016, que comprueban el estado de las viviendas anualmente.

Carmen Nieto abundó en la problemática del asistencialismo y apoyó el discurso de Irene Acero respecto a la necesidad de potenciar una educación y una cultura en economía y derecho básicos de la vivienda. “Es importante que las familias conozcan que no existe ninguna normativa que establezca la gratuidad de la vivienda por lo que, mientras tanto, tenderemos que fomentar la asunción de responsabilidades de aquellos que disponen de medios para abonar un alquiler social“.

Juan Manuel Pacheco, de Provivienda, comenzó defendiendo la vivienda como “un derecho fundamental”, base para construir un hogar y desarrollar un proyecto vital y centró su intervención en la mediación y en la inclusión.

“Es necesaria la mediación en pro de un alquiler asequible, dada la escasez de vivienda y el aumento de su precio; la mediación vecinal y la intervención sociocultural“.

Provivienda dispone de una bolsa de alquiler asequible y proyectos para la atención a personas sin hogar a través del programa HOUSING FIRST (20 viviendas), para la acogida e integración de personas solicitante de asilo, para la gestión de viviendas compartidas, el acompañamiento a inquilinos con contrato de alquiler social, la gestión de viviendas temporales, así como programas para paliar la pobreza energética.

Pacheco se refirió al concepto de “discriminación residencial”.

Irene Acero comentó que Emvisesa comparte  la necesidad de programas que faciliten la labor de entidades sin ánimo de lucro, de hecho la Empresa Municipal tiene 37 viviendas cedidas a diferentes asociaciones que trabajan contra la exclusión, pero puntualizó que al estar encuadrado el art. 47º en los principios rectores de la política social y económica dentro de la Constitución, no tiene tratamiento de derecho fundamental subjetivo y su defensa en los Tribunales no tiene la misma virtualidad que otros derechos fundamentales. Se podría reforzar su exigibilidad como derecho fundamental de base para desarrollar el resto de derechos de ámbito personal y familiar de los ciudadanos.

David Navas, representante de la plataforma STOP Desahucios y Arfade, inició su intervención solicitando un minuto de silencio por las personas que se han suicidado por problemas relacionados con desahucios.

Navas demandó la especialización de los profesionales que atienden los procesos jurídicos, que deberían ser abogados formados en vivienda, para que la Administración no ofrezca respuestas al final del proceso sino al inicio. Los participantes en la Mesa coincidieron en que sería muy positivo disponer en Sevilla de un turno de oficio especializado en procedimientos de ejecución hipotecaria, tal y como sucede en otras capitales como Granada.

“La ocupación sin título es el final del problema, pero este debe ser atajado antes de que se llegue a esa situación“.

David Navas puso de manifiesto la negativa opinión que desde su asociación tienen de las entidades financieras y defendió que “los bancos nunca actúan de buena fe y siempre buscan la oportunidad de negocio. Para poder negociar con un banco, primero hay que demandarlo. Cuando nos permiten el uso de la vivienda por un tiempo determinado, nos están utilizando como testaferros para que les cuidemos las viviendas”.

Tras la exposición de los distintos ponentes se estableció un turno de intervenciones que destacó por la participación de buena parte de las 76 personas inscritas, tanto ciudadanos como profesionales relacionados con la atención social.

La mesa redonda ha permitido el encuentro de distintas entidades, administraciones y profesionales vinculados con la vivienda, la necesidad de la misma y el riesgo de pérdida.

Todos han coincidido en los cambios que la crisis económica está produciendo en la problemática social relacionada con la vivienda, así como en el estado de alerta necesario ante una posible burbuja inmobiliaria en el mercado del alquiler y en la necesidad de potenciar, desde la administración, mecanismos que regulen y faciliten el acceso al alquiler tanto público como privado.

La heterogeneidad de la Mesa ha permitido, por un lado, escuchar experiencias propias y personales, así como diferentes puntos de vista de muchos profesionales implicados en dar cobertura a los vecinos del municipio objeto de su competencia.

Ha sido un espacio participativo, donde ha quedado latente la importancia de que existan instituciones que contribuyan a establecer mecanismos para legitimar el derecho a una vivienda digna, así como los requisitos y obligaciones necesarios para acceder a una.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa municipal Emvisesa, está poniendo a disposición de los ciudadanos 3.500 viviendas protegidas, priorizando el alquiler, la rehabilitación, la captación de viviendas vacías y los programas sociales.

En este mandato la reactivación de Emvisesa se ha plasmado en la adjudicación de más de 600 viviendas protegidas, la ampliación del parque de alquiler en 241 viviendas, la entrega urgente de más de 165 viviendas a familias en situación de excepcionalidad habitacional, la coordinación con Bienestar Social para la concesión de ayudas a familias en extrema necesidad que no abonan en concepto de alquiler más del 5% de sus ingresos mensuales, la puesta en funcionamiento de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda o el Servicio de Agentes de Proximidad, la cesión de viviendas a entidades que trabajan contra la exclusión, la puesta en marcha de Planes de Empleo tanto de viviendas como de locales comerciales, la creación de un Protocolo de Permutas que está permitiendo cambiar de vivienda a personas que ya no ven satisfechas sus necesidades en la que poseen, la rehabilitación de las Naves de Renfe para situar a San Jerónimo como referente tecnológico nacional, la aplicación de un Plan de Regularización y Normalización en promociones afectadas por graves problemas de convivencia, un programa de rehabilitación y nueva construcción de viviendas, y un largo etcétera que no hace sino recordarnos que aún queda un largo camino por recorrer.

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